Por Apolo Olivares – Para UTE-NOTICIAS – 22 de Octubre 2026

Durante años, la centroderecha y los sectores hoy en el poder construyeron su capital político bajo dos grandes promesas: "mano dura contra la delincuencia" y "los niños primero". Sin embargo, los hechos recientes de este 2026 nos demuestran que las consignas de campaña se caen a pedazos cuando chocan con la realidad de las decisiones firmadas entre cuatro paredes.

La reciente revelación de que el Ministerio de Justicia del gobierno de José Antonio Kast ha otorgado 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores entre marzo y septiembre de este año es un golpe brutal a la confianza pública. No estamos hablando de hurtos menores o delitos administrativos; estamos hablando de pederastas y violadores que recibieron un beneficio directo del Ejecutivo.

El escudo de la burocracia

La respuesta de La Moneda ha sido, por decir lo menos, impresentable. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario vocero salieron a defender los decretos argumentando que se trata de un "procedimiento reglado" y que solo cumplen con la doctrina de la Corte Suprema. Nos quieren convencer de que el Gobierno es un mero buzón burocrático que no tenía otra opción más que firmar.

Pero la ciudadanía no es ingenua. Como bien ha señalado la oposición y diversos juristas, los gobiernos anteriores utilizaron sus facultades políticas y morales para rechazar este tipo de beneficios cuando se trataba de agresores de niños. Decidir no objetar es, en sí mismo, una decisión política. Es insólito que una administración que hizo de la seguridad su principal eslogan publicitario hoy le ofrezca al país una señal de impunidad tan alarmante. ¿Con qué cara se le pide ahora a las madres, padres y cuidadores de  todo Chile que confíen en las instituciones si el propio Estado le recorta los años de cárcel a quienes destruyeron la infancia de un niño?

El fantasma del caso Macaya

Este escándalo no ocurre en el vacío. Se da en un Chile que aún recuerda con indignación el entramado de privilegios que rodeó al caso de Eduardo Macaya Zentilli, el poderoso empresario agrícola y padre del entonces senador de la UDI, Javier Macaya.

Recordemos que Macaya padre fue condenado a seis años de presidio efectivo por cuatro delitos consumados de abuso sexual contra menores de 14 años. El proceso estuvo marcado por la vergonzosa defensa pública de su hijo senador —quien llegó a cuestionar las pruebas en video de las víctimas y debió renunciar a la presidencia de su partido ante el repudio transversal— y por un polémico desfile de cautelares que le permitieron, por momentos, la comodidad del arresto domiciliario en lugar de una celda común.

Aunque en su caso la Corte Suprema finalmente ratificó la condena y desechó los intentos de impunidad, el caso instaló una sospecha legítima en el corazón de los chilenos: ¿Existe una justicia diferente para los que tienen apellidos influyentes y redes de poder? La coincidencia temporal entre el debate de estos beneficios y las redes políticas de la derecha más conservadora levanta preguntas legítimas en la ciudadanía sobre a quiénes realmente buscan proteger con estas "flexibilidades" de condena.

El doble estándar de la moral pública

La contradicción es total. Por un lado, el Ejecutivo presenta planes para combatir la explotación sexual infantil ante el colapso de las Oficinas Locales de la Niñez; por el otro, el mismo Ministerio de Justicia estampa la firma para liberar antes de tiempo a 56 agresores. Al mismo tiempo, se revelan rebajas de penas a criminales de lesa humanidad en penales como Punta Peuco, confirmando una agenda donde el castigo efectivo parece ser transable.

Ningún violador de niños, ningún abusador, bajo ninguna circunstancia, debería recibir un solo día de perdón por parte del Estado. El gobierno de Kast está enfrentando ahora una justificada interpelación en el Congreso por abandonar su deber legal y moral de proteger a los más vulnerables.

En cada rincón del país debemos alzar la voz: la seguridad de nuestras niñas y niños no se negocia ni se esconde detrás de un trámite administrativo. Un gobierno que relativiza el castigo a la violencia sexual infantil es un gobierno que ha perdido su brújula moral.

Apolo Olivares – Ex dirigente de la Universidad Técnica del Estado

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