EDITORIAL – 25 DE OCTUBRE 2026

El descalabro del Fondo E en las últimas semanas es el peor que ocurre desde que se creó el Sistema de Pensiones. En simple, ocurrió lo siguiente:

Entre enero y septiembre de 2026 el Fondo E (supuestamente el fondo más conservador de todos) cayó -10,39% real. Solo durante septiembre cayó -4,92%. Una situación similar enfrenta el Fondo D, con una caída de 4,3%. Las pérdidas de valorización en el conjunto del sistema de pensiones, derivadas de estas estrategias, han sido estimadas por medios especializados entre US$7.700 millones y US$11.000 millones.

Este escenario ha afectado directamente a un número de afiliados que podría alcanzar cerca de 3 millones de personas, confiando en la promesa de estabilidad del Fondo E, vieron erosionado su capital previsional en un corto lapso. 1 de cada 4 afiliados al “sistema” ha sido vulnerado, esto es un 25% del total de cotizantes. El rango de pérdidas que debe asumir cada una de estas personas, dependiendo de la fecha de la medición y del número de afiliados que mantenían saldo en cada fondo, fluctúa entre $ 2,5 y 4 millones. Las personas más expuestas son quienes estaban próximos a pensionarse, porque disponen de menos tiempo para recuperar las caídas.[1]

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Los operadores de las AFP resolvieron dedicarse a especular con los fondos de los afiliados, bajo la siguiente idea: si la tasa de interés de largo plazo en EE.UU. bajaba, esos contratos subían de valor. En 2025 les resultó, ganaron cerca de US$1.400 millones. Sin embargo, durante el 2026 pasó lo contrario: la Reserva Federal subió las tasas de interés en septiembre, los instrumentos a los cuales apostaron las AFP se desvalorizaron violentamente, pasando de ganancias a pérdidas por cifras que se estiman entre US$7.700 millones y US$11.600 millones. Según distintas agencias, la razón detrás de ello radica en presiones inflacionarias globales, la guerra en Irán, más el alza impuesta por la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos en el mes de septiembre.

Se debe precisar que, al menos en teoría, las AFP no pueden invertir libremente el dinero y deben ceñirse a las directrices fijadas por el Banco Central y la Superintendencia de Pensiones; tampoco pueden usar estos recursos para el pago de sus propios gastos operativos ni de gestión y, finalmente, tienen la obligación de mantener un “encaje”, para asegurar que cuiden el dinero de sus afiliados.

La Superintendencia de Pensiones acaba de anunciar un proceso sancionatorio contra las 7 AFP por apostar a la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que contraviene los principios de buena administración de los fondos según las indicaciones de la autoridad y si se incumplió el deber de lealtad y diligencia del artículo 147 del DL 3.500 y la NCG N°340 que obliga a actuar con cuidado. La Asociación de AFP se defiende diciendo que "no es una apuesta, es una estrategia de largo plazo" y que "las bajas se revierten", que el Fondo E había subido 8% real en 2025.

El problema no lo tiene quien está a 20 años de jubilar ya que, siguiendo los vaivenes del mercado, aún podría recuperarse. El afectado hoy es quién está por jubilarse ahora, el golpe es directo porque su saldo baja y no alcanza a recuperarse antes de pensionarse por renta vitalicia. Y para una persona que recibe pensiones ya de por si bajas, este es un problema que linda con la supervivencia.

Siempre se le dijo a los afiliados que el Fondo E es 90% renta fija, el más seguro y estable, donde quién se encontraba próximo a jubilar buscó protegerse. Pero, el actual “reventón” una vez más muestra la precariedad de algo que los políticos y las autoridades han vendido como un “Sistema de Pensiones”, pero que en realidad no pasa de ser un sistema de ahorro de largo plazo. Con la diferencia de que se trata de un sistema de ahorro obligatorio y que quién obliga es el propio Estado. Más aún, de acuerdo a la propia Constitución vigente, el Estado tiene la obligación constitucional de fiscalizar y supervigilar el adecuado funcionamiento de la seguridad social. [2]

Las primeras reacciones del gobierno ante esta verdadera debacle fueron Culpar al gobierno anterior: el biministro Daniel Mas dijo que viene de "decisiones del Gobierno anterior" que se corrigieron al inicio del gobierno de Kast, se agrega que el gobierno actual instruyó reducir la exposición al riesgo.

La verdad es que la culpa no es de un solo gobierno. Ya desde 2019 especialistas de diversas corrientes vienen advirtiendo de las apuestas riesgosas con los recursos de los afiliados. Esta fue una de las grandes motivaciones de las movilizaciones sociales que se desataron con el Estallido Social.

Sin embargo, el pusilánime accionar de los partidos políticos de ambos lados de la calle permitió que la demanda de “No más AFP” derivase en un “Si más AFP”. Incluso se prometió y difundió una reforma previsional que más allá de algunas modificaciones en el maquillaje, no fueron capaces de modificar la esencia de un sistema que está construido para favorecer a las grandes empresas propietarias de los permisos para usufructuar de los recursos de todos los chilenos, a saber 5 empresas transnacionales (3 de Estados Unidos, 1 de Italia y 1 de Colombia) y tres grupos económicos chilenos.

Es claro que las AFP esperan que el escándalo pase “piola” y los afectados se resignen, insultando así a quienes hoy jubilan con sus pensiones menguadas en un 10%. La prensa, por su parte centra su atención en la “imprudencia” o “equivocadas estrategias” implementadas por actores del “sistema”, destacando el importante papel que en estas condiciones desempeña la PGU. Lo que olvidan agregar es que la Pensión Garantizada Universal es provista con recursos del Estado, es decir de los propios chilenos que debemos financiar de nuestros propios bolsillos las “imprudencias” de quienes se dedican a elucubrar con los fondos de todos los chilenos.

Lo ocurrido demuestra, una vez más, que el sistema previsional en Chile adolece de problemas estructurales, no resueltos por la última reforma, y que perpetúa la dependencia del esfuerzo individual en un mercado laboral con altos niveles de informalidad y bajas remuneraciones. Más aún, se ha reforzado a las administradoras financieras privadas en lugar de fundar un verdadero sistema de seguridad social basado en la solidaridad, perpetuando la desprotección de los asalariados.

Finalmente, cabe preguntarse hasta cuando la ciudadanía seguirá teniendo “cuero de chancho” para aguantar este tipo de tropelías, y hasta cuándo el movimiento social seguirá sin exigir acciones y movilización a sus representantes sindicales, poblacionales, estudiantiles….

CORPORACION SOLIDARIA UTE-USACH

[1]              Se debe indicar que no todos los afiliados sufrieron la misma pérdida y que el impacto está en directa dependencia del saldo acumulado en la cuenta de cada persona.

.[2]              En su artículo 19 n°18, la Constitución de 1980 contempla el derecho a la seguridad social y señala que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.” El artículo establece, además, que: “el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”