Por : Juan Pablo Cruz. Cientista político Universidad de Chile, investigador de Chile21.
El Mostrador. 2 noviembre, 2026
En la antesala del debate legislativo sobre el control de inversiones, el Gobierno del Presidente Kast debe resolver estos topes para evitar que el screening chileno sea una barrera estadounidense al capital chino.
Recientemente, Santiago ha matizado su adherencia al Escudo de las Américas. Sin embargo, esta cautela hacia la Coalición contra los Cárteles no se aprecia en la dimensión económica del acuerdo hemisférico. Los últimos avances de Chile en materia de screening de inversiones dan cuenta de esa y otras limitaciones.
Se sabe que la propuesta del Gobierno en materia de screening, desarrollada por la subsecretaria Paula Estévez, está basada en la experiencia de países que abordan el desafío de analizar el capital foráneo para mitigar su impacto en las dependencias estratégicas. No obstante, no queda claro cómo el proyecto concibe el control de inversiones extranjeras en un contexto de fragmentación geopolítica donde Chile queda bajo la esfera de influencia de Estados Unidos.
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Es en ese contexto que se aprecian tres limitaciones exógenas para que un eventual screening esté alineado con los intereses nacionales.
El primero es el pilar económico del Escudo de las Américas. El documento suscrito por Chile en septiembre exige participar en la protección colectiva de cadenas de suministros mediante un control de inversiones. Es evidente que este proteccionismo económico colectivo restringe la entrada de capital chino al continente.
También es obvio que el objetivo de este régimen es que Estados Unidos siga disponiendo de los recursos naturales para reindustrializar su economía. ¿Cómo se beneficiaría Chile de este estado de cosas? Y, en concreto, ¿qué rol cumpliría el investment screening chileno, más allá de cautelar un mercado de materias primas para el goce desigual de una potencia extranjera?
Pero el controvertido Escudo de las Américas no es la única fuente de compromisos económicos con Washington que limitan el diseño de un screening chileno alienado con el propio interés nacional.
El segundo tope es la Pax Silica, un acuerdo firmado por Santiago en junio del presente año para la protección de las cadenas de suministro que alimentan la industria de la inteligencia artificial en el continente. Considerando lo anterior, cabe preguntarse cómo el control de inversiones propuesto por La Moneda abordaría la eventual llegada de capitales chinos en un sector económico estratégico para Chile.
El tercer tope remite a un conflicto mucho más complejo. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) lidera, en paralelo, tanto la creación del screening como las conversaciones con Estados Unidos para la reducción de aranceles a los productos chilenos. Esto implica que un control de inversiones alineado con el interés nacional y una negociación arancelaria favorable son ganancias mutuamente excluyentes para Chile.
También se puede identificar un cuarto tope vinculado a un factor endógeno. Mientras el Gobierno formula un proyecto de control de inversiones, fomenta la entrada de capital a través de InvestChile. Para un Estado con capacidades bien desarrolladas, controlar y promover la inversión no son acciones excluyentes. No obstante, en el caso chileno la función controladora no está consolidada, lo que expone a que el proceso de elaboración del screening quede restringido por un interés sectorial de mayor data.
En la antesala del debate legislativo sobre el control de inversiones, el Gobierno del Presidente Kast debe resolver estos topes para evitar que el screening chileno sea una barrera estadounidense al capital chino y armonizar capacidades estatales de control y promoción de inversiones desigualmente desarrolladas.
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