Por: Nivia Palma Manríquez. Ex ministra de Bienes Nacionales; vicepresidenta del directorio de TVN
El Mostrador. 05 de noviembre 2026
Es muy difícil comprender que un gobierno haga esto con el indispensable aporte que el Estado debe hacer para el desarrollo cultural del país.
La creación del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, en virtud de la Ley 21.045, en cumplimiento de un compromiso central del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, fue un paso gigantesco para crear en nuestro país una institucionalidad pública cultural capaz de abordar integralmente los diversos ámbitos de la vida cultural de los ciudadanos y las ciudadanas y del conjunto de la sociedad chilena, reconociendo y valorando nuestra diversidad y pluralidad cultural, relevando la importancia de la creación artística y de los creadores y cultores, y asumiendo que las personas y las comunidades son sujetos culturales.
Los principios orientadores de las políticas públicas y del accionar del Ministerio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural contemplados en la Ley 21.045 son, sin duda, pilares fundantes para una institucionalidad pública profundamente democrática que asume la amplitud, profundidad y relevancia de “lo cultural” en la vida humana, individual y colectiva.
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Este trascendental paso nos permite tener hoy un ministerio con facultades, atribuciones y, sobre todo, responsabilidades para formular políticas públicas, además de un Servicio Nacional del Patrimonio que recoge el maravilloso legado de la ex Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y amplía el quehacer del Estado a todos los ámbitos del patrimonio cultural.
Un Ministerio de las Culturas que logró incrementos importantes de recursos públicos entre los años 2018 y 2026 para el quehacer cultural, artístico y patrimonial de nuestro país. Recursos para construir y habilitar bibliotecas públicas, para fomentar el comportamiento lector, para mejorar la infraestructura cultural en diversas comunas y regiones de Chile, para crear y producir obras artísticas en diversos campos de la creación artística, para la conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, para contribuir y fomentar la circulación de bienes culturales en nuestro país, y para facilitar el acceso, disfrute y valoración de distintos bienes y manifestaciones culturales por parte de las personas y comunidades que conforman nuestra sociedad.
Pero llegó el Presidente Kast y, con él, el ministro Undurraga. Y, como nunca antes había ocurrido en ningún lugar del mundo, el ministro de las Culturas anunció que, además del recorte general del presupuesto del sector público exigido por el ministro de Hacienda, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tendría una rebaja adicional, pues era mucho presupuesto para ejecutar el año 2026. Quienes hemos estado vinculadas/os a la institucionalidad cultural y las organizaciones culturales no podíamos creerlo. Y así lo hizo Undurraga. Más de 51 mil millones de pesos fueron eliminados del presupuesto de Culturas y enviados de vuelta al ministro Quiroz. De un golpe, Culturas perdió un 9,8% de su presupuesto anual.
Y eso no fue suficiente.
El Gobierno del Presidente Kast y el ministro Undurraga ahora insisten en rebajar el presupuesto anual para el año 2027 del Ministerio de las Culturas y el Servicio del Patrimonio Cultural. Si se comparan los presupuestos establecidos en la Ley de Presupuesto para 2026 y lo propuesto por el Gobierno para el año 2027, el Ministerio de las Culturas y el Servicio del Patrimonio Cultural recibirán un 18,82% menos para el próximo año. Como si eso no fuera impresionante, el Gobierno rebaja sobre 49 mil millones de pesos al presupuesto ya rebajado por ellos mismos este año.
Es muy difícil comprender que un gobierno haga esto con el indispensable aporte que el Estado debe hacer para el desarrollo cultural del país. Todo indica que están convencidos de que destinar recursos públicos al desarrollo cultural de Chile es gastar en vano; no tiene sentido.
Confío en que las y los parlamentarios exijan al Gobierno que recapacite y reponga en la Ley de Presupuesto 2027, a lo menos, los recursos que darían continuidad a la implementación de políticas y programas culturales en beneficio del conjunto de la sociedad chilena, de las y los habitantes de nuestra patria.
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