Kast de gira por Europa. La imagen a su llegada a Madrid.

Por: Simon Del Valle. Periodista

El Clarín Chile. 5 noviembre, 2026

El caso Fernando Rabat ha dejado de ser una controversia sobre las rebajas de condenas a agresores sexuales de menores para transformarse en una crisis de conducción presidencial. La resistencia de José Antonio Kast a remover al ministro, las críticas de sus propios aliados y las dificultades para ordenar al oficialismo revelan los límites de un gobierno que parece confundir el ejercicio de la autoridad con la capacidad de construir decisiones políticas.

La autoridad presidencial no se mide únicamente por la capacidad de imponer decisiones. También se expresa en la oportunidad para corregirlas, en la disposición a escuchar a los aliados y en la habilidad para reconocer cuándo una controversia ha dejado de ser un problema administrativo y se ha convertido en un conflicto político. José Antonio Kast parece estar descubriendo esa diferencia en las circunstancias menos favorables para su gobierno.

El caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha terminado por concentrar algunas de las principales debilidades de la administración. Lo que comenzó con la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad derivó en una controversia sobre las responsabilidades del ministerio, la protección de las víctimas y la legalidad de las decisiones adoptadas. Dos semanas después, el conflicto alcanza directamente a la Presidencia, divide a los partidos oficialistas y amenaza con trasladarse a un juicio político en el Congreso.

El Presidente ha decidido sostener a Rabat. Lo ha hecho reiteradamente, incluso desde Europa, donde desarrolla una gira oficial. El martes 3 de noviembre volvió a reivindicar su atribución constitucional para nombrar y remover ministros, asumió personalmente la responsabilidad política y desafió a la oposición a presentar la acusación constitucional anunciada contra el secretario de Estado.

Pero una atribución constitucional no resuelve por sí misma un problema de conducción. Kast puede mantener a Rabat en su cargo. Lo que no puede garantizar mediante esa decisión es que sus parlamentarios lo acompañen, que las organizaciones de víctimas consideren suficientes las explicaciones o que la opinión pública dé por terminado el episodio.

Cuando la propia derecha comienza a hablar de falta de conducción

La novedad política más importante de las últimas jornadas no proviene de la oposición, sino de los partidos que sostienen al Gobierno.

Renovación Nacional hizo pública una declaración cuestionando las decisiones adoptadas y la manera en que La Moneda había conducido la crisis. La colectividad solicitó revisar los procedimientos y las responsabilidades, incluyendo las de quienes asesoran directamente al Presidente.

Los dirigentes de la UDI y Evópoli compartieron posteriormente esos reparos. El martes, sus presidentes acudieron junto a RN a una reunión de emergencia con el biministro Claudio Alvarado para transmitir la necesidad de mejorar la coordinación política.

No se trata de una diferencia menor. La derecha tradicional está señalando que el problema no se reduce al ministro de Justicia ni a los decretos cuestionados. También involucra la forma en que se toman las decisiones en el centro del poder presidencial.

La situación se ha vuelto especialmente delicada en la Cámara de Diputados. Según informó La Tercera este miércoles, dirigentes oficialistas advirtieron al Ejecutivo que no pueden garantizar el rechazo de todos sus parlamentarios a una eventual acusación constitucional contra Rabat.

En conversaciones internas de la UDI, algunos diputados expresaron que consideran insostenible la continuidad del ministro. El propio presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, reconoció las dificultades para asegurar una posición uniforme del sector.

El gobierno que llegó a La Moneda prometiendo orden enfrenta ahora un problema elemental: no consigue ordenar a sus propios aliados.

La lealtad como sustituto de la política

En el comportamiento presidencial aparece una concepción particular de la autoridad. La continuidad de Rabat se ha transformado progresivamente en una demostración de firmeza frente a la oposición.

Kast parece considerar que remover al ministro bajo presión equivaldría a conceder una victoria a sus adversarios. Esa interpretación, atribuida por distintos medios a sectores del oficialismo, ayuda a explicar la resistencia presidencial, aunque no permite establecer con certeza las motivaciones personales del mandatario.

El problema es que una decisión de gobierno no puede evaluarse exclusivamente según quién obtiene una ventaja política inmediata.

Si la permanencia de un ministro agrava las diferencias con los aliados, prolonga la controversia pública y dificulta el funcionamiento del Ejecutivo, la demostración de firmeza puede terminar debilitando precisamente la autoridad que pretende preservar.

La salida del subsecretario Luis Silva no consiguió cerrar el conflicto. Por el contrario, abrió nuevas preguntas sobre la distribución de responsabilidades. Mientras el ministro permanece en su cargo, el Gobierno ha tenido que explicar por qué la crisis produjo consecuencias para una autoridad subordinada, pero no para quien encabeza políticamente la cartera.

A ello se agrega un antecedente de mayor gravedad institucional: la Fiscalía confirmó una investigación por presunta prevaricación administrativa relacionada con los decretos cuestionados, en la que figura Rabat. La existencia de una investigación no constituye una declaración de culpabilidad, pero impide reducir el asunto a una simple controversia comunicacional.

La oposición, por su parte, solicitó formalmente al Presidente los 56 decretos, sus fundamentos jurídicos y las medidas destinadas a atender a las víctimas. Son antecedentes indispensables para establecer las responsabilidades correspondientes.

Un gobierno de técnicos frente a una crisis política

El episodio también ha reabierto una discusión anterior: el diseño del gobierno de Kast y el papel de su círculo más cercano.

La administración fue presentada como un gabinete de emergencia, integrado por profesionales y especialistas capaces de enfrentar los problemas económicos, de seguridad y gestión pública. La experiencia partidaria y parlamentaria quedó relativamente desplazada frente a perfiles técnicos, empresariales y personas de confianza del Presidente.

Ese diseño no es necesariamente incompatible con una conducción política eficaz. Pero supone que exista una instancia capaz de anticipar conflictos, negociar con los partidos y evaluar las consecuencias institucionales de cada decisión.

Hoy esa capacidad está siendo cuestionada.

Las críticas han alcanzado al círculo de asesores presidenciales y particularmente a Alejandro Irarrázabal, cercano colaborador de Kast. Según informó El País, distintos sectores de la derecha consideran que su influencia en las decisiones de La Moneda supera la de varios ministros, pese a no contar con una trayectoria equivalente en la administración pública. Se trata de una evaluación política atribuida a esas fuentes, no de una responsabilidad personal acreditada en el caso Rabat.

El problema de fondo es conocido en la historia política: administrar no equivale a gobernar.

Un especialista puede diseñar una política pública, calcular sus costos y defender sus fundamentos técnicos. Pero la conducción política exige algo más: comprender las relaciones de poder, construir acuerdos, interpretar las reacciones sociales y reconocer cuándo una decisión jurídicamente defendible puede producir consecuencias institucionales difíciles de sostener.

En el caso Rabat, el Gobierno parece haber privilegiado inicialmente la defensa legal de los decretos y la autoridad presidencial por encima de una evaluación integral de sus efectos.

La opinión pública y el desgaste presidencial

Las encuestas conocidas durante el fin de semana muestran que la controversia ha tenido consecuencias sobre la evaluación del Gobierno.

Criteria registró una aprobación presidencial de 25% y una desaprobación de 65%. En el mismo sondeo, un 72% manifestó su desacuerdo con la permanencia de Rabat, frente a un 17% que la respaldó.

Cadem, por su parte, informó que un 70% rechazaba la continuidad del ministro.

Las encuestas no permiten atribuir toda la caída de aprobación al caso Rabat. El Gobierno enfrenta simultáneamente controversias económicas, presupuestarias y políticas. Sin embargo, la magnitud del rechazo a la permanencia del ministro constituye una señal que La Moneda difícilmente puede ignorar.

La situación presenta una paradoja. Kast ha convertido la defensa de Rabat en una cuestión de autoridad presidencial precisamente cuando esa decisión encuentra menos respaldo social y genera mayores dificultades entre sus propios aliados.

No se trata simplemente de una mala estrategia comunicacional. El conflicto se origina en decisiones concretas, con consecuencias para personas determinadas, y continúa porque las respuestas políticas e institucionales no han logrado resolverlo.

Las víctimas desaparecen detrás de la disputa por el poder

Existe, además, un aspecto que la discusión política amenaza con desplazar.

El origen del caso no es una diferencia entre partidos, sino la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Algunas de esas decisiones adelantaron la libertad de condenados, con consecuencias directas para quienes habían sido víctimas de sus delitos.

Una investigación de El País recogió el testimonio de una mujer que supo por televisión que su agresor había recuperado la libertad. Su preocupación no se relaciona con la suerte política de Rabat, sino con la posibilidad de volver a encontrarse con quien la violentó.

Este es el centro humano e institucional del conflicto.

Mientras el Presidente reivindica su facultad para mantener a un ministro y los partidos calculan los votos de una acusación constitucional, las víctimas necesitan conocer las razones de las decisiones adoptadas, recibir información oportuna y contar con garantías efectivas de protección.

La responsabilidad política no se agota en declarar que se la asume. Debe traducirse en medidas verificables, correcciones y mecanismos de rendición de cuentas.

La rectificación que podría llegar demasiado tarde

Durante las últimas horas han circulado versiones sobre una posible remodelación ministerial que incluiría la salida de Rabat y ajustes en el equipo político de La Moneda. Hasta la mañana de este miércoles, esas informaciones no constituían una decisión oficial confirmada.

Una eventual remoción del ministro podría reducir la presión inmediata sobre el Ejecutivo. Pero difícilmente borraría las consecuencias de las dos semanas anteriores.

La crisis ya dejó al descubierto desacuerdos entre los partidos oficialistas, dudas sobre la coordinación parlamentaria, cuestionamientos al círculo presidencial y una distancia considerable entre la decisión de La Moneda y la opinión pública.

El Presidente todavía dispone de instrumentos para reorganizar su gabinete y recuperar capacidad de iniciativa. Lo que está en discusión es si está dispuesto a reconocer que la conducción política requiere algo distinto de la reafirmación permanente de su autoridad.

Kast llegó al gobierno con un discurso centrado en el orden, la seguridad y la decisión ejecutiva. El caso Rabat ha sometido esas promesas a una prueba inesperada. No por la fortaleza de una oposición que aún busca reunir los votos necesarios para una acusación constitucional, sino por las contradicciones que la controversia ha provocado dentro del propio oficialismo.

La autoridad presidencial no desaparece cuando un mandatario rectifica. Puede debilitarse, en cambio, cuando una decisión equivocada se mantiene para evitar la apariencia de una derrota.

El caso Rabat ha terminado por invertir los términos del conflicto: ya no se discute solamente si Fernando Rabat puede continuar como ministro de Justicia, sino hasta qué punto José Antonio Kast puede seguir comprometiendo la conducción de su gobierno para sostenerlo.

Y esa pregunta, a diferencia de una acusación constitucional, no se resuelve con una votación parlamentaria.

Simón del Valle

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