Por Apolo Olivares  - para UTE-NOTICIAS  - 07 de noviembre 2026

Paraguay atraviesa una crisis política y financiera que debería preocupar a toda América Latina. Santiago Peña, quien presentó su renuncia a la Presidencia el 5 de noviembre de 2026, continúa formalmente en el cargo mientras el Senado tramita un juicio político en su contra. La crisis estalló tras la intervención de Ueno Bank, una institución financiera que administraba importantes recursos públicos y mantenía relaciones con organismos encargados de pensiones y prestaciones sociales.

El Instituto de Previsión Social, responsable de proteger los recursos de miles de trabajadores y jubilados, mantiene inversiones en el sistema financiero que alcanzan aproximadamente 355 millones de dólares, distribuidas entre distintas instituciones bancarias. Ueno Bank figura entre las entidades vinculadas a esos recursos y administra, además, el pago de pensiones de miles de jubilados. Todavía no existe una determinación definitiva de las pérdidas, pero la crisis plantea interrogantes sobre la seguridad de fondos que deberían estar especialmente protegidos.

La gravedad del caso aumenta al examinar las relaciones entre el poder político y el financiero. Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario del banco. Carlos Carvallo, anteriormente vinculado a Ueno, fue nombrado durante su gobierno presidente del Banco Central de Paraguay, precisamente el organismo responsable de supervisar las instituciones financieras.

Las investigaciones examinan presuntas operaciones irregulares, créditos a empresas relacionadas y posibles fallas de fiscalización. Peña niega haber cometido delitos y su responsabilidad penal deberá establecerse judicialmente. Pero las preguntas políticas son inevitables: ¿quién autorizó la colocación de los fondos públicos? ¿Quién debía controlar esas operaciones? ¿Cómo se protegieron los ahorros de los trabajadores? ¿Y quién responde cuando el dinero destinado a pensiones y salud queda expuesto a decisiones financieras cuestionadas?

Lo ocurrido en Paraguay nos obliga a mirar la historia latinoamericana. Porque este continente conoce demasiados episodios en los que presidentes, empresarios, instituciones financieras y organismos estatales han terminado involucrados en escándalos de corrupción, conflictos de interés o utilización indebida del poder.

En Chile, Augusto Pinochet mantuvo durante años cuentas secretas en el Banco Riggs y otras instituciones financieras internacionales, utilizando identidades encubiertas y sociedades instrumentales. Las investigaciones posteriores permitieron establecer la existencia de fondos fiscales malversados. La justicia chilena condenó a antiguos colaboradores y ordenó decomisar recursos, aunque Pinochet murió sin recibir una condena personal por esos hechos.

Sebastián Piñera también enfrentó importantes cuestionamientos durante su trayectoria empresarial. Los casos Banco de Talca y Chispas provocaron controversias que deben distinguirse de una condena penal. En cambio, por operaciones con acciones de LAN recibió una sanción administrativa por comprar títulos mientras disponía de información privilegiada.

Brasil ofrece el caso de Fernando Collor de Mello, quien llegó a la Presidencia prometiendo combatir la corrupción y renunció en 1992 mientras enfrentaba un proceso de destitución. Aunque fue absuelto penalmente por las acusaciones de aquel primer escándalo, décadas después recibió una condena por corrupción y lavado de dinero relacionados con Petrobras.

Perú presenta una sucesión especialmente significativa. Alberto Fujimori fue condenado por hechos de corrupción relacionados con el uso de recursos públicos y la compra de apoyos políticos. Alejandro Toledo recibió una condena de veinte años y seis meses por sobornos vinculados a Odebrecht. Alan García también fue investigado por presuntas irregularidades relacionadas con esa empresa constructora; se suicidó  antes de que pudiera establecerse judicialmente su responsabilidad personal.

En Guatemala, Otto Pérez Molina fue condenado por su participación en una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

En Panamá, Ricardo Martinelli recibió una condena por blanqueo de capitales en el caso New Business.

Argentina tampoco está ausente. Carlos Menem enfrentó numerosos procesos judiciales por presuntas irregularidades durante su gobierno. Más recientemente, Javier Milei promocionó públicamente la criptomoneda $LIBRA, cuyo desplome originó denuncias e investigaciones. Independientemente de sus resultados judiciales, el episodio plantea interrogantes sobre la responsabilidad de un presidente al promover negocios privados.

En Venezuela, Carlos Andrés Pérez fue apartado de la Presidencia en 1993 en medio de un proceso por malversación de fondos públicos. Las investigaciones posteriores sobre irregularidades en la industria petrolera venezolana también recuerdan que los recursos naturales requieren una administración transparente y controles independientes.

En Colombia, el Proceso 8.000 investigó el ingreso de dinero del narcotráfico a campañas políticas, incluida la del presidente Ernesto Samper. Aunque este no fue condenado, otros involucrados sí enfrentaron consecuencias judiciales.

Los casos son diferentes. Algunos terminaron en condenas penales; otros, en sanciones administrativas, absoluciones o investigaciones inconclusas. Confundir esas situaciones sería tan irresponsable como ignorar los hechos acreditados.

Pero este recorrido permite reconocer un problema que trasciende las fronteras y las ideologías.

La corrupción no pertenece exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. Ha aparecido bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas, en democracias y dictaduras. Y cuando existe, rara vez se explica solamente por la conducta individual de un presidente.

Para desviar recursos públicos, obtener contratos mediante sobornos o encubrir operaciones irregulares suelen intervenir otras personas: empresarios, intermediarios financieros, funcionarios, asesores y autoridades encargadas de fiscalizar.

Aquí aparece una expresión popular que resume una posible forma de protección entre quienes ejercen el poder: tener tejado de vidrio.

Quien teme que sus propias actuaciones sean investigadas puede tener pocos incentivos para denunciar las irregularidades ajenas. Quien depende económicamente de determinados intereses privados puede perder independencia para fiscalizarlos. Y cuando los organismos de control mantienen vínculos estrechos con aquellos a quienes deben supervisar, la protección del patrimonio público puede quedar subordinada a intereses particulares.

No significa que toda investigación inconclusa sea consecuencia de un encubrimiento. Significa que una democracia debe construir instituciones suficientemente independientes para impedir que las relaciones personales, empresariales o partidarias determinen quién será investigado y quién quedará protegido.

Porque la corrupción no es solamente un problema de dinero. Es también un problema de poder.

Y debemos hacernos una pregunta fundamental: ¿quién paga las consecuencias?

Cuando se malversan recursos fiscales, se manipulan contratos públicos o se comprometen indebidamente fondos previsionales, las consecuencias pueden alcanzar a millones de ciudadanos. Son recursos que podrían financiar hospitales, escuelas, viviendas, infraestructura y mejores pensiones.

Mientras unos pocos pueden obtener beneficios ilegítimos, la sociedad soporta el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de confianza en sus instituciones.

Si este recorrido por las presidencias latinoamericanas ya resulta inquietante, cabe preguntarse qué encontraríamos al examinar las demás estructuras del poder político y económico. Pero no necesitamos multiplicar los escándalos para comprender el problema.

La responsabilidad tampoco termina en los presidentes.

Los partidos políticos que aspiran a gobernar tienen la obligación de seleccionar autoridades responsables, prevenir conflictos de interés y fiscalizar a sus propios representantes. No pueden exigir transparencia a sus adversarios mientras justifican las irregularidades de quienes pertenecen a sus filas.

La ciudadanía también tiene una responsabilidad. No podemos condenar una conducta cuando la protagoniza un adversario político y disculparla cuando corresponde a alguien con quien simpatizamos.

La democracia exige una ética pública que no cambie según el nombre del presidente ni el color de su gobierno.

La justicia debe investigar los delitos respetando el debido proceso. Pero la responsabilidad política tiene una dimensión más amplia. Un gobernante debe responder por sus decisiones, sus nombramientos, los conflictos de interés que no previno y los mecanismos de fiscalización que permitió debilitar.

Volvamos entonces a Paraguay.

El escándalo de Ueno Bank no se limita a determinar si determinados directivos cometieron delitos o si Santiago Peña tiene responsabilidad penal. También exige comprender cómo una institución financiera llegó a administrar importantes recursos públicos y previsionales, qué controles existían y por qué no fueron suficientes para impedir una crisis de esta magnitud.

Porque detrás de cada fondo previsional hay trabajadores que aportaron durante toda su vida. Detrás de los recursos destinados a salud hay personas que esperan atención. Y detrás del patrimonio público hay una sociedad que confió su administración a instituciones que tenían la obligación de protegerlo.

América Latina no necesita gobernantes que simplemente proclamen su honestidad. Necesita instituciones independientes, capaces de fiscalizarlos, investigar sus decisiones y exigir responsabilidades sin importar su riqueza, sus amistades o su influencia política.

Necesita partidos que comprendan que representar a los ciudadanos no significa proteger incondicionalmente a sus dirigentes. Y necesita una ciudadanía que no renuncie a su derecho de exigir explicaciones.

Porque una democracia no se mide solamente por su capacidad para elegir presidentes, sino también por su capacidad para controlarlos.

La democracia no se defiende solamente votando. También se defiende investigando, fiscalizando y exigiendo que nadie esté por encima de la ley.

Y mientras el poder político y económico pueda protegerse detrás de sus propios tejados de vidrio, seguirá pendiente una pregunta que ninguna sociedad democrática debería dejar sin respuesta:

¿Quién controla a quienes gobiernan cuando quienes deben fiscalizarlos también pueden tener algo que ocultar?

Apolo Olivares – Ex dirigente de la Universidad Técnica del Estado

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