Por: Félix Montano
El Clarín Chile. 7 noviembre, 2026
Hay decisiones políticas que requieren largos discursos, explicaciones jurídicas y conferencias de prensa. Otras necesitan apenas unos pasos por un patio. A veces, incluso, basta con caminar acompañado de las personas adecuadas para que el mensaje llegue a todo el país.
El presidente José Antonio Kast regresó el viernes de su gira europea y, entre los numerosos asuntos que aguardaban su atención, encontró tiempo para ofrecer una demostración de confianza a su ministro de Justicia, Fernando Rabat. Lo recibió en La Moneda, conversó con él y luego lo invitó a participar en el izamiento de la Gran Bandera Bicentenario, una ceremonia vinculada al aniversario de Gendarmería.
La escena tenía todos los elementos necesarios. El Presidente, la primera dama María Pía Adriasola, el ministro cuestionado, los patios del palacio y, finalmente, la bandera nacional. No faltaba nada, salvo quizás alguna explicación sobre las razones que aconsejaban mantener al ministro en su cargo.
Kast ya había explicado desde Roma que la responsabilidad política por las rebajas de condenas la asumía personalmente. También recordó que en Chile los ministros son nombrados y removidos por el Presidente de la República, no por diputados ni senadores.
Tiene razón. La Constitución establece precisamente eso. Es una de las atribuciones del cargo y nadie parece haberla puesto en duda.
El problema comienza cuando una atribución constitucional se transforma en argumento suficiente para no escuchar ninguna otra consideración.
Fernando Rabat enfrenta cuestionamientos por la firma de decretos que permitieron rebajar condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La oposición prepara una acusación constitucional y las críticas han alcanzado también a sectores del oficialismo.
Pero hay un antecedente particularmente incómodo. Según la última encuesta Criteria, el 72% de los consultados está en desacuerdo con que Rabat permanezca en el Ministerio de Justicia. Cadem registra un rechazo del 70% a la decisión presidencial de mantenerlo.
Las encuestas no gobiernan, desde luego. Tampoco corresponde que un ministro sea destituido cada vez que su popularidad disminuye. Sería una forma bastante inestable de administrar el Estado.
Sin embargo, cuando siete de cada diez personas expresan su desacuerdo con una decisión, tal vez convenga dedicar algunos minutos a comprender sus razones.
No parece una exigencia desmesurada.
El Presidente ha preferido otro camino. En lugar de explicar nuevamente los fundamentos de su decisión, ofreció una imagen. Caminó junto al ministro, lo incorporó a una ceremonia oficial y dejó constancia de que su confianza permanece intacta.
La política contemporánea concede una importancia extraordinaria a estas representaciones. Los gestos se estudian, las posiciones se calculan y las fotografías terminan diciendo aquello que los discursos no siempre consiguen expresar.
En esta ocasión, la fotografía decía algo bastante sencillo: el ministro sigue aquí porque el Presidente así lo ha decidido. Punto.
No hay nada ilegal en semejante mensaje. Tampoco hay motivos para suponer que toda aparición pública de un gobernante encierra una intención cuidadosamente calculada. Pero las circunstancias otorgan significado a los gestos, incluso cuando sus protagonistas preferirían considerarlos rutinarios.
Y las circunstancias de ayer eran difíciles de ignorar.
Mientras continúa la controversia por las rebajas de condenas, mientras las víctimas y sus familias reclaman respuestas y mientras crece la presión política sobre el Ministerio de Justicia, el Gobierno eligió ofrecer una demostración de continuidad.
La ceremonia de la bandera adquirió así un significado que probablemente excedía su propósito original.
Resulta curioso que el respaldo a un ministro cuestionado pueda expresarse mediante un acto solemne sin que ello contribuya demasiado a esclarecer los hechos que originaron la controversia. La bandera se eleva, las autoridades cumplen el protocolo y las preguntas permanecen exactamente donde estaban.
Hay una antigua confusión en la vida política: creer que la firmeza consiste en no modificar jamás una decisión.
A veces es así. Hay circunstancias en que un gobernante debe resistir presiones injustificadas y sostener sus convicciones. Pero también existen momentos en que la firmeza se confunde con la dificultad de reconocer un error o reconsiderar una posición.
No corresponde atribuir intenciones que desconocemos. Lo que sí puede observarse es que el Presidente ha convertido la permanencia de Rabat en una cuestión de autoridad presidencial. Su defensa ya no se limita a los fundamentos jurídicos de los decretos. Se ha transformado en una afirmación sobre quién tiene la última palabra. Y, efectivamente, la tiene.
Lo que no está escrito en ninguna Constitución es que tener la última palabra signifique necesariamente tener la mejor respuesta.
Quizás eso explique la extraña distancia que a veces se establece entre los gobernantes y quienes observan sus decisiones desde fuera de los palacios. Unos hablan de atribuciones, facultades y responsabilidades institucionales. Los otros se preguntan por qué determinadas decisiones parecen mantenerse inalterables, incluso cuando las razones para revisarlas se acumulan.
El viernes, en el patio de Los Naranjos, no hubo necesidad de discutir esa distancia.
El Presidente caminó acompañado de su esposa y de su ministro de Justicia. Después se izó la bandera.
Todo ocurrió conforme al protocolo.
Y el país siguió esperando explicaciones.
Félix Montano
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