Por : Jessica Cuadros Ibánez Economista, consultora internacional y ex consejera del BID – El mostrador  - 09 de noviembre 2026

La rentabilidad se decide en las empresas; el desempleo se mide en la sociedad. Entre ambas escalas existe una distancia que un ministro de Hacienda tiene la obligación de comprender y explicar.

Chile está perdiendo trabajo. En el trimestre julio-septiembre, el desempleo alcanzó el 9,8%, mientras la ocupación cayó 1,1% en doce meses. El empleo asalariado formal retrocedió 2,5% y las horas efectivamente trabajadas disminuyeron 2,2%. La economía enfrenta un deterioro que ninguna promesa de inversión debería ocultar: tiene dificultades para crear puestos y está utilizando menos trabajo.

Jorge Quiroz mantiene su compromiso de reducir la desocupación al 6,5% al término del Gobierno. Su estrategia privilegia la recuperación de la inversión, las rebajas tributarias y la eliminación de obstáculos regulatorios, junto con medidas de reactivación y contratación. Pero el éxito de una política económica no puede medirse únicamente por el capital que moviliza. También debe responder por el empleo adicional que genera, el costo fiscal de sus incentivos y la distribución de sus beneficios. Y, sobre todo, justificar por qué sus instrumentos serían más eficaces que otras alternativas.

La dificultad comienza en las decisiones empresariales. Las empresas invierten para ampliar producción, incorporar tecnología, reducir costos o fortalecer su competitividad. Algunas inversiones crean empleos; otras sustituyen tareas o desplazan actividad de competidores. El resultado laboral depende también de la demanda y de cómo interactúan esas decisiones. La rentabilidad de un proyecto no garantiza una reducción equivalente del desempleo.

Más empresas, menos empleadores

Las cifras empresariales revelan una paradoja incómoda. Entre 2022 y 2024, Chile sumó 47.117 empresas, según la Demografía Anual de Empresas del Banco Central. Pero mientras aquellas sin trabajadores dependientes aumentaron en 72.957, las que declaraban trabajadores disminuyeron en 25.840. Había más empresas, pero menos empleadores.

La divergencia es aún más reveladora cuando se observa su composición: en 2024, el 64,3% de las empresas no tenía trabajadores dependientes, frente al 60,4% en 2022. La multiplicación de unidades empresariales convivió con una reducción de la base de organizaciones que declaraban contratar trabajadores.

Estos datos no permiten determinar cuántas empresas cerraron ni cuántos empleos se perdieron. Tampoco identifican las causas de la transformación. Pero cuestionan una asociación demasiado frecuente en el debate público: que crear más empresas equivale necesariamente a ampliar las oportunidades de empleo asalariado.

La evolución precede a Quiroz. Describe una dificultad que su estrategia debe enfrentar: facilitar la entrada de empresas es distinto de desarrollar organizaciones capaces de crecer, sostener operaciones y contratar trabajadores.

Tampoco todo emprendimiento expresa una expansión de oportunidades. Para algunos, iniciar una actividad independiente constituye una decisión empresarial. Para otros, puede ser una salida ante la falta de empleo asalariado. Confundir ambas situaciones lleva a celebrar como dinamismo productivo, lo que también puede revelar insuficiencia del mercado laboral.

La inversión y quién paga por estimularla

La inversión amplía capacidades productivas, pero sus efectos laborales dependen de su composición. Una inversión de reposición puede preservar operaciones sin añadir muchos puestos. Otra puede elevar la productividad con dotaciones reducidas y generar empleo entre proveedores. También puede desplazar actividades menos competitivas. El resultado neto no se desprende del monto anunciado.

Chile conoce bien esta tensión. La minería y la energía movilizan grandes inversiones y cumplen funciones estratégicas. Sus beneficios alcanzan a proveedores, exportaciones e infraestructura, pero la magnitud de sus efectos laborales depende de los vínculos que desarrollen con el resto de la economía.

Las rebajas tributarias agregan una dimensión distributiva. Pueden inducir proyectos que de otro modo no se realizarían, aunque también beneficiar inversiones que habrían ocurrido igualmente. La pregunta es cuánto empleo adicional justifica el costo fiscal de reducir impuestos.

Según su diseño, estos beneficios pueden ser más accesibles para empresas con utilidades y capacidad de inversión, mientras otras continúan enfrentando restricciones de crédito, demanda o escala. Quienes reciben el incentivo y quienes esperan beneficiarse mediante nuevas contrataciones no necesariamente son los mismos.

Esa asimetría importa. El beneficio tributario opera conforme a reglas establecidas, mientras el empleo esperado depende de decisiones posteriores y condiciones económicas inciertas. El costo fiscal debe justificarse por los resultados adicionales que produce, considerando también sus efectos sobre la recaudación futura.

La comparación con otras políticas resulta inevitable. Los recursos involucrados podrían destinarse a apoyar la contratación, fortalecer proveedores o desarrollar capacidades productivas. Ninguna alternativa merece presumirse superior, pero tampoco la rebaja tributaria puede quedar eximida de demostrar su eficacia relativa.

El crecimiento y sus trabajadores ausentes

El deterioro laboral actual tiene una dimensión coyuntural. Recuperar actividad y demanda puede contribuir a revertirlo. Pero Chile arrastra una dificultad estructural: los sectores de mayor productividad no necesariamente concentran la contratación, mientras numerosas actividades que absorben trabajadores enfrentan obstáculos para crecer.

Una estrategia puede mejorar la rentabilidad de empresas que ya poseen capacidad de inversión sin resolver las restricciones de aquellas que concentran empleo. Los beneficios del crecimiento pueden extenderse mediante proveedores y nuevos mercados, pero esa transmisión exige financiamiento, capacidades tecnológicas y articulación productiva.

La informalidad, que alcanza al 26,4% de los ocupados, muestra otra dimensión de esta fractura. El trabajo independiente puede expresar una elección empresarial o constituir una alternativa frente a la falta de empleo asalariado adecuado. Confundir ambas realidades equivale a presentar una respuesta individual a la escasez de oportunidades como prueba de progreso productivo.

El desafío excede la reactivación. Consiste en construir una economía donde las ganancias de productividad permitan ampliar oportunidades de trabajo, desarrollar empresas y mejorar ingresos. Esa transformación requiere decisiones productivas e institucionales que no pueden deducirse automáticamente de una mayor inversión.

La cuenta pendiente de Quiroz

Reducir el desempleo desde 9,8% hasta 6,5% representa una diferencia de 3,3 puntos porcentuales. Con una fuerza de trabajo cercana a 10,3 millones de personas, equivaldría aproximadamente a 340 mil ocupados netos adicionales si esta permaneciera constante. Si la fuerza laboral aumenta, el requerimiento será mayor.

Es una referencia aritmética, no una proyección. Pero dimensiona la promesa y obliga a examinar qué trayectoria de inversión, demanda, participación laboral y contratación permitiría cumplirla.

El Gobierno ha anunciado medidas de reactivación y apoyo al empleo, y Quiroz ha destacado las obras y la construcción como mecanismos para enfrentar la desocupación en el corto plazo. Es una vía atendible, pero su contribución debe evaluarse considerando cuántos puestos netos genera, cuánto duran y qué oportunidades permanecen una vez concluidos los proyectos o retirados los incentivos.

A ello se agrega la pretensión de acelerar el crecimiento y consolidar las cuentas fiscales. Ambos objetivos pueden ser compatibles con una reducción del desempleo, pero esa coherencia exige examinar conjuntamente sus efectos sobre inversión, demanda, recaudación y contratación. Presentar metas simultáneas no demuestra que los instrumentos elegidos permitan alcanzarlas.

Ningún ministro decide cuántas personas contratará cada empresa. Quiroz, sin embargo, impulsa y defiende una estrategia que privilegia determinados incentivos y condiciona la distribución de oportunidades económicas. Esas prioridades expresan una idea del país que el Gobierno busca construir: qué actividades considera decisivas, dónde concentra sus esfuerzos y qué lugar asigna a quienes permanecen fuera de los sectores más dinámicos.

La responsabilidad política comienza con esas elecciones. Cuando la rentabilidad privada ocupa un lugar central en los instrumentos de política económica, corresponde explicar cómo se espera convertirla en empleo, oportunidades compartidas y desarrollo productivo. También exige justificar quiénes reciben primero los beneficios, cómo se distribuyen los riesgos y qué alternativas quedan relegadas.

El problema no es que Quiroz confíe en la inversión. Es que la política económica no puede convertir la rentabilidad privada en su principal criterio de éxito y dejar el empleo, la distribución de oportunidades y el tipo de desarrollo como resultados que otros deberán esperar. La rentabilidad se decide en las empresas; el desempleo se mide en la sociedad. Entre ambas escalas existe una distancia que un ministro de Hacienda tiene la obligación de comprender y explicar.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.