Por: Simon Del Valle. Periodista
El Clarín Chile.12 noviembre, 2026
El gobierno que prometió recuperar el crecimiento, controlar la delincuencia y resolver la crisis migratoria en tiempo récord enfrenta una recesión técnica, un creciente malestar por el costo de la vida, conflictos sociales y dificultades para construir acuerdos parlamentarios. La distancia entre las expectativas electorales y los resultados comienza a configurar un problema de conducción política.
José Antonio Kast llegó a La Moneda con una promesa que parecía sencilla: Chile podía recuperar rápidamente el orden, la seguridad y el crecimiento económico si existía la voluntad política para hacerlo. No se necesitaban grandes acuerdos ni transformaciones prolongadas. Bastaba, según el discurso de campaña, con un gobierno decidido, capaz de eliminar obstáculos, imponer autoridad y devolver la confianza a los inversionistas.
Ocho meses después, esa promesa enfrenta una realidad bastante menos dócil. La economía atraviesa una recesión técnica, el desempleo se aproxima al 10%, el costo de la vida se ha convertido en una preocupación cotidiana y distintos sectores sociales comienzan a movilizarse contra las políticas del Ejecutivo. Al mismo tiempo, las encuestas muestran una pérdida significativa de respaldo y las discrepancias alcanzan incluso a sectores políticos que inicialmente acompañaron al Gobierno.
El problema no es solamente que las promesas hayan resultado difíciles de cumplir. Eso ocurre con frecuencia cuando una candidatura se transforma en administración. Lo que distingue este proceso es la velocidad con que se ha instalado una distancia entre las expectativas creadas y los resultados obtenidos, junto con las dificultades del Gobierno para construir respuestas políticas frente al malestar.
Una campaña que prometió más de lo que podía garantizar
La campaña presidencial de Kast descansó sobre una interpretación del país: Chile estaba detenido por la inseguridad, la inmigración irregular, el exceso de regulaciones y un Estado que dificultaba la actividad económica. La solución consistía en cambiar radicalmente la orientación del Gobierno.
El discurso tenía una ventaja electoral evidente. Ofrecía explicaciones simples para problemas complejos y señalaba responsables reconocibles. La delincuencia podía enfrentarse mediante una autoridad más severa; la migración irregular, mediante controles y expulsiones; el estancamiento económico, mediante rebajas tributarias y facilidades para la inversión.
Sin embargo, las políticas públicas no funcionan con la velocidad de una consigna electoral. La seguridad depende de instituciones policiales, tribunales, sistemas penitenciarios y políticas preventivas. El control migratorio exige recursos, cooperación internacional y procedimientos legales. La inversión necesita estabilidad, financiamiento y condiciones económicas que no dependen exclusivamente de la voluntad presidencial.
El error de una campaña construida sobre soluciones inmediatas es que transforma cada demora en una frustración. Cuando se promete que los problemas pueden resolverse rápidamente, incluso los avances parciales pueden parecer insuficientes.
Las redes sociales amplificaron esa forma de comunicación. Los mensajes breves, las imágenes de autoridad y los titulares categóricos permitieron instalar una narrativa política eficaz. Pero la capacidad de obtener atención y adhesión electoral no equivale necesariamente a disponer de una mayoría social y parlamentaria estable para gobernar.
El triunfo en las urnas otorgó legitimidad democrática al nuevo Ejecutivo. No le aseguró, en cambio, que las diferencias sociales y políticas desaparecieran después de la elección.
La economía desmiente los plazos de la campaña
Este miércoles 11 de noviembre, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció en una entrevista con Bloomberg que Chile atraviesa una recesión técnica.
La declaración resulta especialmente significativa porque proviene del principal responsable del programa económico del Gobierno. Quiroz atribuyó la contracción fundamentalmente a la caída de la producción de cobre y a otros problemas de oferta, al tiempo que destacó el comportamiento positivo de actividades no mineras.
Las cifras explican el diagnóstico. El producto interno bruto registró contracciones trimestrales de 0,25% y 0,02% durante los dos primeros trimestres del año, según los datos sin redondear recogidos por Bloomberg. El Imacec acumulado de 2026 presenta una caída del 0,4%, mientras el desempleo alcanza el 9,8%.
Es importante precisar que una recesión técnica no significa necesariamente un deterioro generalizado de todos los sectores y que sus causas no pueden atribuirse exclusivamente a las decisiones adoptadas desde marzo. La minería enfrenta dificultades productivas propias y la economía chilena arrastraba problemas anteriores al cambio de Gobierno.
Pero esa precisión no elimina la contradicción política. Kast prometió una recuperación acelerada y su ministro debe reconocer ahora que la actividad económica se encuentra en contracción.
Quiroz sostiene que las reformas orientadas al mercado permitirán recuperar el dinamismo. Proyecta un crecimiento cercano al 3% en 2027 y al 4% en 2028. Son metas que todavía deben materializarse.
La recuperación, por tanto, continúa situada en el futuro. La recesión y el desempleo pertenecen al presente.
Y es precisamente en el presente donde se forman las percepciones sociales sobre un gobierno.
Las prioridades económicas y la distribución de los costos
La orientación económica del Ejecutivo plantea una segunda contradicción.
Su estrategia ha privilegiado la reducción de impuestos a las empresas, los incentivos a la inversión, la flexibilización de regulaciones y la contención del gasto público. La justificación gubernamental es que esas medidas permitirán recuperar el crecimiento, atraer capitales y generar empleo.
Pero los beneficios esperados de una política económica no equivalen a resultados demostrados. Tampoco permiten eludir la pregunta sobre cómo se distribuyen sus costos.
Las rebajas tributarias favorecen directamente a las empresas comprendidas en esas disposiciones. Su eventual efecto sobre los salarios, el empleo o la inversión depende de decisiones posteriores y de las condiciones de la economía. En cambio, los recortes de programas públicos pueden tener consecuencias mucho más inmediatas para quienes dependen de esas prestaciones.
La discusión del Presupuesto 2027 ha puesto esta diferencia en el centro del debate. Educación, vivienda y otros ámbitos de la política social enfrentan controversias por la asignación de recursos, mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de disciplina fiscal.
El Gobierno argumenta que debe corregir desequilibrios presupuestarios y mejorar la eficiencia del gasto. Es una discusión legítima. Sin embargo, el ajuste fiscal también implica decisiones distributivas: qué programas se reducen, cuáles se mantienen y qué sectores reciben incentivos.
Cuando se ofrecen mejores condiciones tributarias al capital mientras se restringen determinadas prestaciones sociales, surge inevitablemente una pregunta política: ¿quién debe realizar el mayor esfuerzo para financiar la recuperación económica?
La respuesta no puede encontrarse únicamente en las cifras de crecimiento proyectadas. También exige examinar los efectos concretos sobre las condiciones de vida de la población.
La carestía como experiencia cotidiana
Las dificultades económicas tienen una expresión que ninguna estadística agregada consigue representar completamente: el presupuesto familiar.
El precio de los combustibles, el transporte, los alimentos y los servicios determina buena parte de la percepción cotidiana sobre la marcha del país. Una familia no evalúa su situación solamente a partir del crecimiento del PIB. La evalúa cuando paga sus cuentas, busca trabajo o calcula cuánto dinero le queda al terminar el mes.
El conflicto de los transportistas es una manifestación visible de esas presiones. Las protestas por el precio del diésel, los peajes y otros costos de operación han provocado interrupciones de tránsito y expresiones de solidaridad entre distintos gremios.
El malestar no se limita a los camioneros. Conductores de aplicaciones y transportistas escolares también han participado en movilizaciones en algunas ciudades.
Aunque sus demandas son diferentes, todas remiten a un problema común: el aumento de los costos de funcionamiento y las dificultades para trasladarlos a ingresos suficientes.
La paradoja es evidente. Un gobierno que hizo del crecimiento económico uno de sus principales argumentos de legitimidad enfrenta ahora protestas vinculadas directamente con el costo de producir, trabajar y desplazarse.
La promesa de prosperidad todavía no encuentra una traducción suficientemente visible en la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población.
Del descontento individual a la movilización social
El desgaste político adquiere otra dimensión cuando deja de expresarse solamente en las encuestas y comienza a organizarse en las calles.
La Confederación de Estudiantes de Chile, la CUT y organizaciones de pobladores han articulado un calendario de movilizaciones contra los recortes del Presupuesto 2027 y otras decisiones gubernamentales.
Este miércoles, las protestas estudiantiles coincidieron con un nuevo rechazo de la partida de Educación en la Cámara de Diputadas y Diputados. La indicación presentada por el Ejecutivo obtuvo 72 votos a favor y 72 en contra, resultado insuficiente para su aprobación.
Quiroz ofreció revisar en el Senado la continuidad de las becas de acceso a tecnologías de información, incluido el programa de entrega de computadores escolares. El ofrecimiento demuestra que existen espacios para modificar propuestas, pero también revela que las negociaciones no habían conseguido reunir los apoyos necesarios antes de la votación.
La CUT convocó a manifestaciones para el 18 de noviembre, mientras organizaciones de pobladores anunciaron una jornada de protesta para el día 27.
No todas estas organizaciones comparten las mismas prioridades. Tampoco puede afirmarse que exista ya un movimiento social unificado contra el Gobierno. Sin embargo, la coincidencia de sus demandas y la coordinación de algunas convocatorias constituyen un hecho políticamente relevante.
Los conflictos sectoriales pueden permanecer separados durante largo tiempo. Pero también pueden comenzar a reconocerse entre sí cuando identifican decisiones gubernamentales que afectan simultáneamente sus intereses.
La historia social chilena ofrece numerosos ejemplos de cómo una controversia inicialmente acotada puede adquirir una dimensión política más amplia. No significa que ese proceso vaya a repetirse necesariamente, pero constituye un antecedente que cualquier gobierno debería considerar.
La autoridad no reemplaza la negociación
Uno de los rasgos más interesantes de la situación actual es la tensión entre el discurso de autoridad que llevó a Kast a la Presidencia y las exigencias de negociación que impone el ejercicio del poder.
Una campaña electoral puede organizarse alrededor de afirmaciones categóricas. La administración del Estado, en cambio, exige acuerdos con actores que no comparten necesariamente los objetivos del Gobierno.
El Congreso no es una extensión del Ejecutivo. Los gremios poseen intereses propios. Las organizaciones sociales tienen demandas que no desaparecen porque una autoridad considere que sus decisiones son correctas.
La capacidad de gobernar se mide también por la disposición a reconocer esos intereses, negociar modificaciones y evitar que cada diferencia se convierta en una confrontación.
El Gobierno ha defendido sus medidas económicas y ha formulado algunas ofertas de revisión, como ocurrió con los computadores escolares. Por eso sería inexacto afirmar que no ha existido ninguna disposición al diálogo.
La cuestión es otra: hasta ahora, esos esfuerzos no han sido suficientes para evitar importantes derrotas parlamentarias ni para contener la ampliación de los conflictos.
La firmeza puede ser un atributo político. Pero cuando se transforma en una estrategia incapaz de incorporar acuerdos, puede terminar reduciendo el margen de acción de quien la ejerce.
El caso Rabat y la erosión de la confianza
La crisis de confianza no comenzó con las movilizaciones de noviembre.
El caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y las rebajas de penas a condenados por delitos graves introdujo un conflicto particularmente sensible para un gobierno que había construido buena parte de su identidad sobre la seguridad y la aplicación rigurosa de la ley.
Las controversias por esas decisiones, la defensa presidencial del ministro y las discrepancias surgidas incluso en sectores de derecha contribuyeron a ampliar el desgaste.
El episodio tiene una importancia que trasciende la discusión jurídica sobre las facultades del Ministerio de Justicia. Afecta directamente la coherencia entre los principios invocados por el Gobierno y las decisiones que adopta cuando esos principios entran en tensión con sus responsabilidades políticas.
Las encuestas permiten dimensionar el problema.
En la medición de Cadem difundida el 8 de noviembre, la aprobación presidencial alcanzó el 29% y la desaprobación el 68%. Entre las principales razones de desaprobación aparecen las rebajas de penas, con 43% de menciones, y la caída del crecimiento junto con el aumento del desempleo, con 42%.
El costo de la vida y los combustibles reúne un 29% de menciones, mientras los recortes fiscales alcanzan un 19% y el incumplimiento de promesas en seguridad e inmigración, un 17%.
La encuesta Criteria del mismo período sitúa la aprobación en un 24%.
Las cifras de ambas encuestadoras no son idénticas, pero describen una situación de bajo respaldo presidencial y muestran que el malestar tiene múltiples causas.
El caso Rabat no explica por sí solo el deterioro. Se ha convertido, más bien, en uno de los episodios que concentran una insatisfacción más amplia.
Un triunfo electoral no es una base permanente de gobierno
Aquí aparece una de las cuestiones fundamentales de estos ocho meses.
Kast consiguió articular una mayoría electoral alrededor de preocupaciones muy concretas: seguridad, inmigración, crecimiento y rechazo a la gestión anterior. Pero una mayoría electoral formada alrededor de esos objetivos no constituye necesariamente una coalición social estable en torno a todas las políticas que posteriormente adopta un gobierno.
Entre quienes respaldaron su candidatura podían coexistir empresarios interesados en menores impuestos, trabajadores preocupados por el empleo, familias inquietas por la delincuencia y ciudadanos que buscaban simplemente un cambio de rumbo.
Sus expectativas no eran necesariamente coincidentes.
Cuando la política económica comienza a distribuir costos y beneficios, esas diferencias adquieren mayor visibilidad. El empresario que espera una reducción tributaria y el trabajador que reclama por el precio del combustible pueden haber apoyado al mismo candidato, pero no esperan lo mismo de su administración.
Gobernar exige administrar esas contradicciones.
También exige mantener acuerdos con fuerzas políticas que poseen identidades e intereses distintos. Las diferencias con sectores de Chile Vamos y las críticas provenientes de espacios conservadores muestran las dificultades que puede enfrentar el Ejecutivo para ampliar sus apoyos más allá de su núcleo partidario.
No se trata de negar la legitimidad de su triunfo electoral, sino de reconocer que ganar una elección y construir una mayoría de gobierno son tareas diferentes.
Ocho meses después
El deterioro de la aprobación presidencial no demuestra que el Gobierno haya perdido toda capacidad de iniciativa. Conserva atribuciones institucionales, apoyos políticos y tiempo para modificar sus decisiones. Sus reformas económicas, además, deberán evaluarse también por resultados que todavía no pueden conocerse.
Pero el cuadro actual plantea una pregunta que resulta difícil eludir.
El Gobierno prometió seguridad y continúa enfrentando cuestionamientos por el cumplimiento de sus compromisos. Prometió crecimiento y su ministro de Hacienda reconoce una recesión técnica. Ofreció mejorar las condiciones de vida y debe responder a protestas por el costo de los combustibles y los recortes sociales. Hizo de la autoridad una de sus principales banderas y encuentra dificultades para construir acuerdos.
La distancia entre esas promesas y los resultados no explica por sí sola todo el desgaste. También intervienen factores externos, problemas heredados y conflictos que ningún gobierno controla completamente.
Sin embargo, la política consiste precisamente en administrar circunstancias que rara vez coinciden con las previstas.
La cuestión que se abre a ocho meses de iniciado el mandato no es si Kast podrá recuperar algunos puntos en las encuestas. Es si su administración conseguirá revisar sus prioridades, ampliar sus interlocutores y ofrecer respuestas a sectores sociales cuyas demandas no se resuelven con una nueva campaña comunicacional.
Porque las expectativas que permiten ganar una elección pueden convertirse, cuando no encuentran resultados suficientes, en una de las principales fuentes de descontento.
Y porque el poder obtenido mediante las urnas necesita, para sostenerse políticamente, algo más que la reiteración de las promesas que lo hicieron posible.
Simón del Valle
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