Por : Jaime Hurtubia. Exasesor Principal Política Ambiental, Comisión Desarrollo Sostenible, ONU, Nueva York y Director División de Ecosistemas y Biodiversidad, United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, Kenia. Email: jaihur7@gmail.com
El Mostrador. 13 noviembre, 2026|
Resulta imperativo que el Gobierno de Kast realice una revisión y modificación exhaustiva de su política climática, adoptando un enfoque diametralmente opuesto para abordar los complejos desafíos que plantea esta problemática.
Uno de los desafíos más apremiantes de la actualidad consiste en la erradicación de las falsedades y la desinformación difundidas durante la administración Trump con el fin de desacreditar la ciencia climática y cuestionar la urgencia de la crisis climática. Las acciones implementadas han tenido un impacto considerable, logrado mediante la manipulación estratégica de algoritmos y la difusión de engaños en medios de comunicación tradicionales y redes sociales.
En Chile, por ejemplo, se ha registrado un descenso significativo en la percepción pública: la proporción de ciudadanos que considera que la inacción ante el cambio climático representa una falla hacia las generaciones futuras disminuyó 24 puntos porcentuales en un período de cinco años, pasando del 88% al 64%, lo que constituye el segundo descenso más pronunciado a nivel mundial.
El negacionismo tradicional ha sido reemplazado por lo que se denomina “retardacionismo”, una postura que, si bien reconoce parcialmente la existencia del cambio climático, minimiza su gravedad, desacredita las soluciones basadas en la evidencia científica y obstruye la implementación de políticas de acción climática.
La postura negacionista del Gobierno chileno no responde a una casualidad, sino a un patrón de conducta sistemático, un esquema preconcebido. La administración actual ha bloqueado 43 decretos ambientales heredados de la administración anterior, lo que ha resultado en la parálisis de normativas cruciales para la protección del aire y el agua.
Adicionalmente, se ha observado un debilitamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y una reducción en la eficacia de los instrumentos de adaptación climática. Esta estrategia se fundamenta en la alegación de una supuesta “práctica habitual”, afirmación que fue desmentida de manera inmediata por la administración anterior. Cabe destacar que la actual ministra del Medio Ambiente ha relativizado públicamente la responsabilidad humana en el cambio climático, lo que ha generado un desmentido por parte de climatólogos y expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).
Otro ejemplo ilustrativo de esta postura se encuentra en la primera Cuenta Pública al Congreso del Presidente Kast, realizada el 1 de junio de 2026. Durante este discurso de dos horas, el cambio climático no fue mencionado en ninguna ocasión. Esta omisión incluye la ausencia de referencias a la crisis climática, a las metas de reducción de emisiones y a la carbono neutralidad. Dicha omisión resulta inadmisible para el Mandatario de un país que cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad climática establecidos por las Naciones Unidas.
La representación internacional de Chile, que en la COP30 mantuvo su reputación de “gran dialogador”, ha experimentado un deterioro en su prestigio y en su hoja de ruta ambiental. Este deterioro se atribuye a decisiones políticas ideológicas que carecen de sustento científico. Con base en estos antecedentes, la participación de Chile en la COP31, actualmente en desarrollo, no genera expectativas particularmente optimistas.
La ceguera deliberada se manifiesta mientras la nación enfrenta una severa crisis climática. El año 2026 será recordado como el punto de inflexión en el que el país transicionó de la especulación sobre escenarios futuros a la narración de tragedias. La temporada de incendios 2025-2026 registró 4.935 incendios y la devastación de 78.079 hectáreas, con un saldo de 21 fallecidos únicamente en los eventos de enero en Ñuble y Biobío.
Apenas seis meses después, el sistema frontal más intenso en tres décadas impactó diez regiones, desde Atacama hasta La Araucanía, resultando en 15 víctimas fatales, más de 15 mil viviendas dañadas y pérdidas estimadas en más de US$ 750 millones, superando así las inundaciones de 2023 como la emergencia climática más costosa de la década.
La conurbación La Serena-Coquimbo experimentó una interrupción total del suministro de agua potable, mientras que en el desierto de Atacama se registraron 214 milímetros de lluvia en una sola estación, equivalentes a años de precipitación normal concentrados en un breve período. La declaración de tres Estados de Excepción Constitucional en un solo año no constituye una mera anécdota, sino una evidencia contundente de que el riesgo climático se ha transformado en un riesgo económico y de seguridad nacional.
De acuerdo con el Banco Mundial, Chile experimenta pérdidas anuales aproximadas de US$ 4.500 millones debido a desastres naturales, lo que representa alrededor del 1,5% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, un estudio realizado por el Banco Central estima que el 39% del valor de los bienes raíces del país presenta algún grado de vulnerabilidad física asociada al cambio climático.
La Organización Meteorológica Mundial ha emitido una advertencia contundente: se prevé que Chile experimente un aumento significativo en las temperaturas, con 2026 superando a 2024 como el año más cálido registrado. Existe una probabilidad del 91% de que al menos un año entre 2026 y 2030 supere el umbral crítico de 1,5 °C en comparación con la era preindustrial. Se proyecta que la temperatura media quinquenal se sitúe entre 1,3 °C y 1,9 °C por encima de la línea base, con un fortalecimiento de El Niño hacia finales de 2026.
Dadas las anomalías que algunos modelos proyectan superiores a los 2 °C, el fenómeno conocido como “Niño Godzilla” incrementa la probabilidad de que 2027 también sea un año de récords.
Las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/PNUMA) son inequívocas. Para que el planeta tenga alguna posibilidad de regresar a 1,5 °C, es imperativo que el mundo reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 18% para 2030 y en un 45% para 2035, en comparación con los niveles de 2025. Esto requiere una tasa de reducción anual del 5,7%, la cual supera incluso la tasa considerada necesaria por el propio IPCC en su Sexto Informe de Evaluación (2023).
La persistencia de las políticas globales actuales por parte de las Partes del Acuerdo de París representaría una aberración adicional a las acumuladas en las Conferencias de las Partes (COPs) anteriores. La ausencia de metas más ambiciosas podría resultar en un aumento de la temperatura global hasta alcanzar los 2,8 °C a finales de siglo.
Esto implicaría la posibilidad de enfrentar una situación aún más crítica, ya que incluso con la implementación de todos los compromisos nacionales, es poco probable que la temperatura se reduzca por debajo de 2,1 °C. Chile, dado que cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad climática, no puede permitirse la inacción mientras su territorio se ve expuesto a una creciente frecuencia e intensidad de desastres naturales.
A pesar de lo anterior, el panorama político global ha experimentado cambios significativos, lo que exige una reevaluación de las perspectivas del negacionismo chileno. Las derrotas electorales de la ultraderecha en Estados Unidos, Israel y Brasil han debilitado la posición de Trump como un obstáculo significativo para el multilateralismo climático.
En este contexto, ningún otro país ha seguido el ejemplo de su administración en su segunda retirada del Acuerdo de París en 2024. La cooperación internacional no ha sufrido un colapso, a pesar de que la Convención Marco sobre el Clima (UNFCCC) cuenta actualmente con 195 miembros en lugar de 196. La evidencia demuestra que el Tratado ha mantenido su capacidad de cubrir casi el 90% de las emisiones globales.
En el contexto global actual, China y la Unión Europea han asumido el liderazgo en la definición de estándares climáticos y el desarrollo de mercados de tecnologías limpias, ocupando el espacio dejado por la administración estadounidense. La transición energética global continúa avanzando, con una inversión anual superior a los dos mil millones de dólares en energías limpias.
En 2024, las fuentes de energía renovables representaron más del 90% de la nueva capacidad eléctrica instalada a nivel mundial. La postura del presidente Trump, que defiende una visión obsoleta, lo ha dejado como un actor aislado en el escenario internacional.
En este contexto, Chile no puede permitirse el lujo de emular un aislamiento erróneo. El negacionismo climático no es una opción viable para el país. Es imperativo:
- Destacar la inconveniencia de las decisiones que están debilitando la institucionalidad ambiental chilena.
- Clarificar que estas decisiones no deben interpretarse como medidas de eficiencia orientadas a un crecimiento económico acelerado y la creación de empleos. La evidencia demuestra lo contrario.
- Reconocer la presión ejercida por las decisiones equivocadas de un experto en microeconomía a cargo de la macroeconomía chilena.
- Preocuparse por la profunda penetración de estas ideas en la mentalidad de las autoridades del país, lo que representa una renuncia inexplicable a la ventaja económica que la transición hacia fuentes de energía renovables representa para un país sin combustibles fósiles.
Resulta sumamente preocupante que en las últimas semanas se haya propuesto una reducción del 5% en el presupuesto asignado a la Oficina Nacional de Emergencia y Desastres (Senapred). Surge la interrogante sobre la capacidad de la institución para garantizar el financiamiento adecuado de futuras emergencias, considerando la insuficiencia demostrada por la actual Ley de Reconstrucción ante la recurrencia de eventos climáticos extremos.
El negacionismo climático, como estrategia de mitigación, ha demostrado su ineficacia. Es altamente recomendable que el país se desvincule con prontitud de la influencia de las políticas regresivas implementadas durante la administración Trump. Los perjuicios ocasionados por estas políticas son de tal magnitud que el número de votantes que aún le brindan su apoyo se ha reducido considerablemente, como lo evidencian los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre pasado. Se prevé que esta tendencia se intensifique y se extienda a diversos países latinoamericanos a partir del próximo año.
En consecuencia, resulta imperativo que el Gobierno de Kast realice una revisión y modificación exhaustiva de su política climática, adoptando un enfoque diametralmente opuesto para abordar los complejos desafíos que plantea esta problemática.
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