Kast durante su gira por Asia
Por: Simon Del Valle. Periodista
El Clarín Chile. 16 noviembre, 2026
La aprobación presidencial cayó al 18% y la desaprobación alcanzó el 72%, según la última encuesta Criteria. Pero el dato que más inquietud debiera causar a La Moneda no está solamente en la evaluación del Gobierno: una mayoría cree que la economía y las oportunidades laborales empeorarán durante los próximos seis meses. La coincidencia entre malestar actual y expectativas negativas plantea una interrogante sobre la capacidad del Ejecutivo para reconstruir la confianza ciudadana.
Hay momentos en que una encuesta deja de ser simplemente una fotografía de la popularidad presidencial y comienza a mostrar algo más profundo: una modificación de las expectativas con que la ciudadanía observa a su gobierno. La última medición de Agenda Criteria, publicada este domingo 15 de noviembre, ofrece indicios de que la administración de José Antonio Kast podría estar entrando en una etapa de esa naturaleza.
La aprobación del mandatario cayó al 18%, seis puntos menos que la semana anterior, mientras la desaprobación llegó al 72%. Es el registro más bajo de Kast desde su llegada a La Moneda, dentro de la serie de Criteria. Hace apenas un mes, el 18 de octubre, su aprobación alcanzaba el 28%. Diez puntos de respaldo se han perdido en cuatro semanas.
La caída es considerable. Pero sería un error limitar el análisis a esa cifra.
El dato verdaderamente significativo aparece cuando se observa cómo los ciudadanos imaginan los próximos meses. Un 60% cree que la situación económica del país empeorará durante el siguiente semestre. Un 53% anticipa un deterioro de las posibilidades de encontrar trabajo o mejorar el empleo que ya tiene. Y un 46% espera que la economía de su propio hogar sea peor.
En sentido contrario, apenas el 13% espera una mejoría de la economía nacional, el 14% confía en mejores oportunidades laborales y el 15% cree que mejorará su situación económica familiar.
No se trata, por tanto, únicamente de una ciudadanía que evalúa negativamente la gestión presidencial. Una proporción importante tampoco espera que las cosas mejoren pronto. Y esa combinación puede resultar más difícil de revertir que el desgaste provocado por una controversia política pasajera.
Cuando el futuro deja de compensar al presente
Todo gobierno enfrenta dificultades. El desempleo, la inflación, las restricciones fiscales o los conflictos sociales pueden deteriorar su aprobación sin destruir necesariamente las expectativas sobre su gestión.
Mientras los ciudadanos conserven la esperanza de que las medidas adoptadas producirán resultados, un Ejecutivo dispone de cierto margen para explicar sus decisiones y solicitar tiempo.
El problema cambia cuando el presente es evaluado negativamente y el futuro comienza a parecer todavía peor.
En octubre, el 49% de los consultados por Criteria creía que la economía nacional empeoraría durante los próximos seis meses. En noviembre, esa proporción llegó al 60%. En el mismo período, quienes esperaban una mejoría disminuyeron diez puntos, hasta el 13%.
La evolución de las expectativas familiares es igualmente significativa. El pesimismo sobre la economía del hogar aumentó trece puntos, mientras la expectativa de mejoría retrocedió nueve.
Estas cifras no constituyen una predicción económica. Las encuestas registran percepciones y expectativas, no el comportamiento futuro del producto interno bruto, los salarios o el empleo. Pero esas percepciones tienen consecuencias políticas y también pueden influir en las decisiones de consumo, ahorro e inversión de los hogares.
Una familia que teme perder ingresos puede postergar gastos. Un trabajador que no espera encontrar un empleo mejor puede modificar sus decisiones personales. Y una ciudadanía que no identifica perspectivas de mejoría puede volverse menos receptiva a los llamados gubernamentales a esperar los resultados de una política.
El Gobierno ha insistido en que sus reformas económicas permitirán recuperar la inversión y el crecimiento. Sin embargo, la encuesta sugiere que ese mensaje no está logrando generar confianza suficiente entre los consultados.
Una acumulación de conflictos, no un episodio aislado
La trayectoria de Kast presenta una diferencia respecto de algunas crisis presidenciales anteriores.
Michelle Bachelet enfrentó en 2015 el caso Caval, que afectó profundamente la percepción de probidad de su segundo gobierno. Sebastián Piñera vivió en octubre de 2019 el estallido social, que alteró por completo su agenda política y la relación entre el Ejecutivo y amplios sectores de la sociedad. Gabriel Boric sufrió en septiembre de 2022 una derrota política de gran magnitud con el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional.
En los tres casos hubo acontecimientos claramente identificables que modificaron el escenario político.
En el gobierno de Kast, en cambio, el deterioro parece desarrollarse mediante una acumulación de decisiones y conflictos: las controversias por el precio de los combustibles, la rebaja del impuesto a las grandes fortunas, las dificultades económicas, los cuestionamientos al ministro de Justicia Fernando Rabat, el debate sobre las reformas laborales y finalmente el paro de camioneros.
Cada episodio tiene causas y características propias. No sería riguroso atribuirles idéntico efecto sobre la opinión pública. Pero su sucesión puede contribuir a formar una percepción general sobre las prioridades y la conducción del Gobierno.
La diferencia es relevante. Una crisis concentrada en un acontecimiento permite intentar una respuesta política específica. Cuando el malestar abarca simultáneamente diversas áreas, la recuperación de la confianza exige algo más que resolver una controversia o reemplazar a una autoridad.
Tampoco corresponde afirmar que Bachelet, Piñera o Boric nunca experimentaron recuperaciones de aprobación después de sus respectivas crisis. Las tuvieron, aunque no necesariamente consiguieron restablecer las condiciones políticas previas.
El antecedente histórico sirve para formular una pregunta, no para anunciar un desenlace: ¿está comenzando a modificarse de manera duradera la relación entre Kast y una parte de la ciudadanía?
La distancia entre las prioridades del Gobierno y las preocupaciones ciudadanas
Una de las cuestiones que merece mayor atención es la orientación de la agenda económica del Ejecutivo.
La administración Kast ha impulsado una reforma tributaria que contempla reducir la carga impositiva sobre las empresas, junto con mecanismos destinados a estimular la inversión y otorgar mayor estabilidad a las decisiones de capital. También ha promovido nuevas modalidades de contratación laboral, incluida la posibilidad de distribuir jornadas por horas según las necesidades empresariales.
El argumento gubernamental es conocido: mejorar las condiciones para invertir, contratar y producir permitiría recuperar el crecimiento y generar empleo.
Sus críticos cuestionan, en cambio, la distribución de los beneficios y los riesgos de esas medidas. Una rebaja tributaria puede favorecer directamente a las empresas, mientras sus eventuales efectos sobre los salarios y el empleo dependen de decisiones de inversión y de condiciones económicas que no están garantizadas.
Algo semejante ocurre con la flexibilidad laboral. Puede facilitar determinadas contrataciones, pero también introducir incertidumbre sobre los horarios y los ingresos de los trabajadores.
No existe una contradicción necesaria entre promover la inversión privada y mejorar las condiciones de vida. La cuestión es si las políticas escogidas producen resultados suficientemente amplios y perceptibles para la población.
Aquí aparece una hipótesis política que merece seguimiento: la posibilidad de que una parte creciente de la ciudadanía perciba una distancia entre sus preocupaciones inmediatas y las prioridades económicas del Gobierno.
Criteria no pregunta directamente si los ciudadanos consideran que Kast gobierna para los grandes grupos económicos. Sería incorrecto atribuirle esa conclusión al sondeo.
Pero la combinación entre una agenda de incentivos empresariales, el deterioro de las expectativas laborales y la preocupación por los ingresos familiares plantea una interrogante legítima sobre la distribución de los beneficios esperados del programa gubernamental.
El acuerdo con los camioneros añade otra dimensión.
Después de varios días de movilizaciones y bloqueos, el Ejecutivo negoció medidas destinadas a aliviar los costos del transporte. La decisión ha provocado cuestionamientos sobre sus consecuencias fiscales y sobre el tratamiento diferenciado que reciben distintos sectores productivos.
En una administración que ha defendido la austeridad presupuestaria, el costo de esos compromisos constituye una materia de discusión pública.
El caso Rabat y los límites del respaldo político
La encuesta contiene otro resultado que excede las divisiones tradicionales entre oficialismo y oposición.
El 79% de los consultados está en desacuerdo con que Fernando Rabat continúe como ministro de Justicia. El rechazo alcanza al 92% de quienes se identifican con la izquierda, al 88% del centro y al 64% de la derecha.
Entre quienes conocen la acusación constitucional presentada contra el secretario de Estado, un 68% respalda su presentación. Además, un 72% está de acuerdo con que Rabat pueda ser destituido.
El Gobierno ha defendido la actuación del ministro, mientras la oposición cuestiona las rebajas de condenas concedidas durante su gestión.
La amplitud del desacuerdo ciudadano no demuestra que el caso Rabat explique por sí solo la caída presidencial. Pero sí indica que la controversia ha superado las fronteras de la oposición política.
Para La Moneda, esto plantea una dificultad adicional: mantener una decisión presidencial frente a un rechazo que también se manifiesta entre personas identificadas con la derecha.
La continuidad del ministro puede interpretarse desde el Gobierno como una defensa de la legalidad de sus actuaciones y de la autonomía de sus decisiones políticas. Sus críticos, en cambio, consideran que la permanencia de Rabat prolonga una controversia que afecta la confianza pública.
Ambas posiciones forman parte del debate. Lo que muestra Criteria es que, por ahora, la primera encuentra un respaldo minoritario entre los encuestados.
El aparente contrasentido de los camioneros
La misma encuesta registra un resultado que impide interpretar el malestar ciudadano mediante categorías políticas demasiado simples.
Un 80% declara estar de acuerdo con el paro de camioneros y un 88% considera justificadas sus demandas.
El respaldo alcanza al 90% entre quienes se identifican con la izquierda, al 86% del centro y al 72% de la derecha.
A primera vista, resulta llamativo que una movilización protagonizada por organizaciones del transporte de carga obtenga semejante respaldo mientras el Gobierno registra una caída pronunciada de aprobación.
Pero las dos mediciones no son necesariamente contradictorias.
Una persona puede considerar legítima una demanda económica y, simultáneamente, cuestionar la manera en que el Gobierno responde a ella. También puede respaldar una protesta sin aprobar sus métodos o los términos del acuerdo que pone fin al conflicto.
La encuesta no permite conocer todas esas distinciones.
Lo que sí revela es que el malestar económico puede atravesar identificaciones políticas diferentes. Las preocupaciones por el combustible, los costos de transporte y los precios de los productos básicos no pertenecen exclusivamente a un sector ideológico.
El respaldo transversal a las demandas camioneras podría expresar una preocupación económica más amplia, aunque demostrar esa relación requeriría preguntas adicionales.
La incertidumbre como problema político
El Gobierno todavía dispone de tiempo para modificar el escenario. Las expectativas económicas pueden mejorar, las controversias pueden resolverse y los indicadores de aprobación pueden recuperarse.
La medición de Criteria tampoco representa una sentencia definitiva sobre la trayectoria presidencial. Fue realizada los días 12 y 13 de noviembre mediante un panel online no probabilístico de 802 personas adultas. Sus resultados deben interpretarse considerando esas características metodológicas y contrastarse con otras mediciones.
Sin embargo, el deterioro registrado no puede reducirse a una oscilación menor.
La aprobación presidencial descendió diez puntos en cuatro semanas. La desaprobación alcanza a más de siete de cada diez encuestados. Y, sobre todo, las expectativas económicas empeoraron simultáneamente en las tres dimensiones consultadas: el país, el empleo y el hogar.
Esa coincidencia merece una atención mayor que la discusión habitual sobre quién ganó o perdió una semana política.
Los gobiernos pueden resistir períodos de impopularidad cuando mantienen una expectativa de mejoría. También pueden atravesar dificultades económicas si conservan suficiente confianza en su capacidad para resolverlas.
La situación se vuelve más compleja cuando ambas condiciones se deterioran al mismo tiempo.
El 18% de aprobación es una cifra políticamente significativa. Pero quizá el dato que mejor expresa el momento actual sea otro: apenas el 13% de los consultados cree que la economía chilena estará mejor dentro de seis meses.
El problema que enfrenta Kast no es solamente que una mayoría evalúe negativamente su gobierno. Es que una proporción creciente de ciudadanos tampoco espera que el futuro inmediato les ofrezca mejores condiciones de vida.
No sabemos todavía si este será un punto de inflexión duradero. Lo que sí sabemos es que recuperar la aprobación y reconstruir las expectativas son tareas diferentes. Y que la segunda puede resultar bastante más exigente que la primera.
Simón del Valle
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