LA DEUDA DE $149 MILLONES DEL JEFE DE ASESORES DE JOSÉ ANTONIO KAST POR NO PAGO DE DERECHOS DE AGUA

                                              Alejandro Irarrázaval, colaborador del presidente Kast.

Por Jorge Molina Araneda

El Desconcierto. 20 de noviembre de 2026

Irarrázaval debería responder públicamente: ¿qué porcentaje indirecto conserva en QTG?, ¿cuál es el estado de la deuda?, ¿se pagaron 2025 y 2026?, ¿qué resolvió el juicio contra la DGA? Y, además, el Ejército debería aclarar si el contrato se cumple.

Hay algo revelador en la historia empresarial de Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores de la presidencia de la república y hombre de máxima confianza del presidente Kast. Mientras el Gobierno levanta banderas de austeridad y responsabilidad fiscal, la empresa que él fundó enfrenta demandas de la Tesorería General de la República (TGR) por patentes de derechos de agua impagas.

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Según Teletrece, Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. (QTG), exportadora de uva de mesa creada en 2006, no pagó esas patentes entre 2015 y 2024, salvo en 2016 y 2018. Un certificado de la TGR del 10 de mayo de 2024 consigna una deuda de $149.100.950: $26.753.098 del año 2015, $11.499.126 de 2019 y $17.347.068 de 2023, entre otros tramos. A eso se suman 2025 y 2026, sin cuantificar.

Las patentes gravan a quienes retienen derechos de agua sin construir obras para usarlos. Este año se listaron 5.432 derechos, con una recaudación estimada de $397 mil millones. El 28 de mayo de 2026, con Irarrázaval ya en La Moneda, la TGR, a través de su director regional Cristián Urrutia, demandó ante el 24º Juzgado Civil de Santiago a 133 titulares morosos y pidió el remate público de los derechos.

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QTG era uno de ellos; en el listado de 2026 de la Dirección General de Aguas (DGA) le asigna un derecho de 18,74 litros por segundo, con una patente equivalente a 239,87 UTM. No era la primera vez. En 2023 la empresa demandó a la DGA para que se declarara prescrita una deuda de $28.550.463 correspondiente a 2017 ($15.765.140) y 2020 ($12.785.323). La sentencia se conoció en abril de 2025, pero nunca se notificó y el caso se archivó; qué decidió la justicia, continúa siendo un misterio.

En cuanto al Ejército, el 11 de agosto de 2006, el fondo Uva Chilena arrendó 160 hectáreas de la Hacienda Peldehue, en Colina. En 2007 QTG ocupó su lugar y en 2016 el contrato se extendió hasta junio de 2047. Se habla de 225 a 300 hectáreas, con pozos y derechos de agua de vertientes como Carvajalino, Termas de Colina, El Sauce y Quebrada La Leona. No es un simple arriendo agrícola, sino una explotación de largo plazo de recursos naturales de una institución pública.

El contrato obliga a la parte arrendataria a inscribir las aguas a nombre del Ejército y a pagar los impuestos de la explotación, y declara incumplimiento la falta de agua por impago de patentes. Así, la mora de un privado puede terminar afectando un activo vinculado al Estado si los derechos se rematan. Hay además una asimetría, el Ejército depende del Ejecutivo y su arrendatario es hoy el principal asesor del Presidente, lo que podría dificultar que la institución exija el cumplimiento del contrato.

La estructura societaria suma interrogantes. Irarrázaval creó en 2004, con su esposa Jessica Diethelm, Inversiones San Juan, que participó en 2006 en la creación de Río Colina S.A. junto a la sociedad del agricultor Rafael Jordán Marín. Ese año nació Agrícola Chacabuco, con $200 millones de capital, y en 2018 Río Colina, tras suscribir acciones por $455 millones, quedó como accionista mayoritaria.

En el directorio han estado sus hermanos Javier y Rodrigo y su cuñado Luis Silva Valdés, padre del exsubsecretario de Justicia que dejó el Gobierno el 30 de octubre.

Su entorno responde que los cobros se cuestionan por las vías legales, que el conflicto se refiere a puntos de captación y que desde agosto de 2025 no tiene funciones ejecutivas.

No obstante, se constató que mantiene participación en Inversiones San Juan, vinculada a QTG, y que ungió como presidente hasta octubre de 2025. Conviene recordar algo elemental, cual es, abandonar la administración cotidiana de una empresa no equivale a desprenderse de sus intereses patrimoniales.

El filósofo John Rawls planteó, en Una teoría de la justicia, que las reglas deben poder justificarse sin privilegios derivados de la posición económica o política. El problema no es solo una deuda, sino la distancia entre lo que se exige desde el poder y lo que se demuestra desde dentro. La confianza política no puede ser inmunidad reputacional.

Irarrázaval debería responder públicamente: ¿qué porcentaje indirecto conserva en QTG?, ¿cuál es el estado de la deuda?, ¿se pagaron 2025 y 2026?, ¿qué resolvió el juicio contra la DGA? Y, además, el Ejército debería aclarar si el contrato se cumple.

La ciudadanía no necesita explicaciones sobre la legitimidad de tener empresas o desarrollar actividades agrícolas. Nadie está cuestionando el derecho a emprender. Lo que se cuestiona es la distancia entre la responsabilidad que se exige desde el poder y la transparencia que deben demostrar quienes forman parte de él.

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