Por: Paula Forttes. Directora del Área de Envejecimiento y Cuidados de FLACSO Chile

El Mostrador. 3 junio, 2026

Cuando hablamos de personas mayores no estamos hablando de otros. Estamos hablando de la sociedad que estamos construyendo y, si tenemos suerte, del lugar que algún día también habitaremos nosotros.

Hace algunos años, cuando comenzamos a hablar de envejecimiento en espacios públicos, académicos o políticos, la conversación giraba casi siempre en torno a los mismos temas: pensiones, enfermedades, dependencia o gasto social. Era como si el envejecimiento fuera una situación que debía ser administrada y no una transformación profunda de la sociedad.

Sin embargo, la realidad fue avanzando más rápido que nuestras categorías. Hoy Chile es uno de los países que envejece con mayor velocidad en América Latina y, por primera vez en su historia, tiene más personas mayores que niños y adolescentes. Ya no estamos frente a un fenómeno sectorial. Estamos frente a un cambio de época.

Por eso la promulgación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable constituye un hito relevante. No porque resuelva por sí sola los desafíos del envejecimiento, sino porque instala un nuevo marco desde el cual comprenderlos. Después de años de discusión, el país cuenta con una ley que reconoce a las personas mayores como sujetos plenos de derechos y no únicamente como receptoras de asistencia o protección.

Puede parecer una diferencia semántica, pero en realidad se trata de un cambio cultural profundo. Las sociedades se transforman cuando cambian las preguntas que se hacen sobre sí mismas, y esta ley nos obliga a preguntarnos qué significa realmente vivir más años y cómo queremos hacerlo.

Su importancia también radica en que se alinea con una de las grandes conquistas normativas de nuestra región: la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En otras palabras, el envejecimiento deja de ser abordado únicamente desde la lógica de las necesidades y comienza a ser entendido desde la lógica de los derechos: derecho a la autonomía, a la participación, a la salud, a la accesibilidad, a la vida libre de violencia, a la igualdad ante la ley, a la inclusión comunitaria y al trato digno, derechos que muchas veces parecen obvios, pero que en la práctica siguen siendo vulnerados cotidianamente.

Sin embargo, las leyes son puntos de partida, no puntos de llegada. El verdadero desafío comienza cuando debemos traducir esos principios en transformaciones concretas. Porque reconocer derechos es indispensable, pero garantizar su ejercicio exige instituciones, recursos, capacidades y voluntad política.

No basta con declarar la autonomía como un derecho si seguimos construyendo ciudades donde miles de personas mayores encuentran obstáculos para desplazarse, acceder a servicios o participar de la vida comunitaria. No basta con hablar de inclusión si las oportunidades de formación, empleo o participación continúan disminuyendo simplemente por cumplir determinada edad. No basta con condenar el edadismo si seguimos reproduciendo la idea de que envejecer equivale inevitablemente a deteriorarse o volverse irrelevante.

Quizás uno de los aportes más importantes que esta ley puede hacer es precisamente abrir una discusión que Chile ha postergado durante demasiado tiempo: la necesidad de construir una nueva narrativa sobre el envejecimiento, porque buena parte de nuestras políticas públicas, de nuestras instituciones e incluso de nuestras conversaciones familiares siguen organizadas sobre una idea implícita: que la vejez es una etapa de cierre.

Pero la nueva longevidad está demostrando exactamente lo contrario. Hoy millones de personas llegan a los 60 años con décadas de vida por delante, con proyectos, capacidades, experiencia y deseos de seguir contribuyendo a sus comunidades. Nunca en la historia tantas personas habían tenido la posibilidad de vivir tantos años en condiciones de autonomía.

Esa realidad nos obliga a ampliar la mirada. El envejecimiento no es únicamente una cuestión sanitaria ni un desafío para los sistemas de protección social. Es una transformación que impacta el trabajo, la educación, la vivienda, la movilidad, las ciudades, la cultura, la economía y las relaciones entre generaciones. Es una cuestión de desarrollo.

De hecho, probablemente uno de los mayores errores que podemos cometer es seguir abordando el envejecimiento exclusivamente desde la dependencia y los cuidados. Los cuidados son fundamentales y Chile deberá avanzar decididamente en fortalecerlos, especialmente considerando el crecimiento acelerado de las personas mayores de 80 años. Pero reducir la conversación a la dependencia invisibiliza una realidad evidente: la mayoría de las personas mayores son autónomas y constituyen uno de los principales activos sociales del país.

Basta observar la vida cotidiana para comprobarlo. Son personas mayores quienes sostienen una parte importante de los cuidados familiares, quienes participan en organizaciones sociales, quienes realizan voluntariado, quienes apoyan económicamente a hijos y nietos, quienes transmiten conocimientos, quienes mantienen vivos barrios, comunidades y redes de apoyo.

En una sociedad cada vez más fragmentada, muchas veces son ellas quienes preservan vínculos que de otro modo desaparecerían. Sin embargo, seguimos hablando de los mayores principalmente en términos de déficit y no de contribución.

Por eso el desafío que abre esta ley va mucho más allá de la protección. Se trata de reconocer que el envejecimiento constituye uno de los grandes logros de nuestra sociedad y que debemos aprender a convertirlo en una oportunidad colectiva. Tal como durante décadas aprendimos a convivir con las transformaciones tecnológicas o con los cambios derivados de la urbanización, hoy debemos aprender a convivir con la longevidad, y eso implica rediseñar instituciones, políticas y entornos para una sociedad donde vivir más años será la experiencia predominante y no la excepción.

La pregunta de fondo es si seremos capaces de hacerlo. Porque una ley puede cambiar normas, pero no cambia automáticamente las culturas. El verdadero éxito de esta legislación no se medirá por la cantidad de artículos que contiene, sino por su capacidad para transformar la forma en que entendemos el lugar de las personas mayores en la sociedad. Si logra que dejemos de ver el envejecimiento como una carga y comencemos a reconocerlo como parte del futuro que compartimos, habrá cumplido una tarea histórica.

Después de todo, cuando hablamos de personas mayores no estamos hablando de otros. Estamos hablando de la sociedad que estamos construyendo y, si tenemos suerte, del lugar que algún día también habitaremos nosotros.

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