Por: José Antonio Piga Giles. Doctor arquitecto Miembro del Comité de Hábitat y Vivienda Colegio de Arquitectos de Chile

El Mostrador. 3 junio, 2026

La ausencia de plan no es un olvido. Es una elección. La pregunta no es si Santiago puede recuperarse. Es si existirá la decisión de que vale la pena hacerlo.

En 2024, el edificio Aillavilú fue declarado Monumento Nacional, un hecho que debería alegrar: un notable inmueble en el borde del río Mapocho, en el corazón del sector que los urbanistas llaman Mapocho La Chimba, recibe la máxima protección que el Estado chileno puede otorgar a una obra construida. Bien.

No se puede celebrar lo que ocurrió después. El sector público evaluó la posibilidad de comprarlo y recuperarlo. Era una operación con todo el sentido: inmueble en deterioro, de valor patrimonial, rodeado de otros monumentos, a metros de donde confluirán cuatro líneas de metro en la estación Cal y Canto, que será la más grande de la red. Una inversión pública ahí podría haber detonado la regeneración de uno de los sectores más degradados del centro. No prosperó. No se compró.

No ocurrió porque no hay nadie a cargo. No en el sentido de que faltó un funcionario diligente o un alcalde con voluntad, sino porque en Chile no existe la institucionalidad que permita que una operación así –que involucra al municipio, al Gobierno Regional, a varios ministerios, al Consejo de Monumentos Nacionales y al Metro– se coordine, se financie y se ejecute. Cada actor tiene su presupuesto, sus plazos, sus urgencias. Nadie tiene el mandato de ver el conjunto.

El Aillavilú no es una excepción. Es el patrón.

Un lugar extraordinario en una ciudad que no sabe gestionarlo

La comuna de Santiago es el centro geométrico y simbólico de una metrópolis de más de siete millones de habitantes. Allí están la sede del Ejecutivo y los principales ministerios, los museos, teatros y bibliotecas más importantes del país, algunos de los mejores edificios del Movimiento Moderno en Chile, y las primeras expresiones de vivienda social. En términos de densidad patrimonial, es un territorio sin equivalente: casi la mitad de su superficie –el 48%– tiene algún tipo de protección legal.

Y sin embargo, quien camina hoy por la Alameda, por el borde del río y la Plaza de Armas, por el Barrio Meiggs o por los alrededores de Cal y Canto, encuentra locales abandonados, fachadas sin mantención, espacio público degradado, edificios patrimoniales cerrados o en uso precario. No es la imagen de un lugar que concentra lo más valioso del país. Es la imagen de un centro histórico al que se le ha dado la espalda.

Parte de la explicación está en procesos que ninguna ciudad controla del todo: el desplazamiento de oficinas y comercio hacia nuevas centralidades, el estallido social de 2019, la pandemia. Pero no es suficiente, porque otras ciudades han enfrentado procesos similares y han respondido con instrumentos adecuados. Santiago no los tiene.

El problema es de estructura institucional. En Chile, la ciudad no existe como unidad de gestión. Las 48 comunas que conforman el Gran Santiago no están obligadas a coordinarse. Y cuando se trata de intervenir en el centro histórico –donde se necesita articular al municipio, al Gobierno Regional, a varios ministerios, al sector privado y a las organizaciones del barrio– no existe la figura que lo haga posible. Es ausencia de gobernanza. Y tiene consecuencias concretas. Una de ellas es el Aillavilú, que nadie asumió.

Lo que sí funciona –que revela que algo falta–

Sería injusto decir que no pasa nada. Hay iniciativas concretas que demuestran que la recuperación urbana no es una utopía. El problema no es la ausencia de proyectos. Es que cada uno existe en su propio mundo.

En el barrio 10 de Julio, el conjunto Patios de Copiapó hizo algo que parecía improbable: vivienda para familias de bajos ingresos, bien diseñada, en suelo caro, dentro de la comuna de Santiago. El proyecto articuló dos fuentes de financiamiento público, resolvió la complejidad normativa y fue diseñado con participación de los futuros habitantes. Demuestra que el alto valor del suelo no es una condena, que es posible hacer ciudad densa y diversa en el centro si existe voluntad de resolver.

Hay, sin embargo, una oportunidad perdida: el proyecto nació como arriendo a precio justo –modelo adecuado para experimentar alternativas diversas en el centro– y derivó a propiedad por decisión municipal. No es un fracaso. Pero es una señal de que sin política de largo plazo, cada disyuntiva se resuelve de manera aislada, sin perspectiva de conjunto.

En el Barrio Matta Sur, el antiguo Asilo de las Hermanitas de los Pobres –120 años, estructura deteriorada, protección patrimonial– se convierte en el primer recinto municipal de cuidados en Santiago y en un Centro de Salud Familiar. Lo notable no es solo el resultado: es lo que hubo que superar para llegar a él. Complejidad técnica, restricciones patrimoniales, financiamiento de múltiples fuentes, negociación entre actores con mandatos distintos. Todo simultáneamente, resuelto caso a caso por la voluntad de personas concretas. Eso es admirable. Y es insostenible como método.

El sector Mapocho La Chimba concentra, en pocas cuadras, algunas de las piezas más valiosas del patrimonio santiaguino: el Mercado Municipal de 1875, la Estación Mapocho, en pocos años recibirá la estación Cal y Canto, donde convergerán cuatro líneas de metro. Y el Aillavilú. Si hay un lugar en Santiago donde una intervención pública podría iniciar un proceso de regeneración con efecto multiplicador, es este. La pregunta es si se habrá pensado qué ciudad reconstruir allí. La respuesta, por ahora, es no.

Estos casos –y otros como la Nueva Alameda o el Campus Santa Lucía– no se conocen entre sí. No forman parte de ningún plan común. Son iniciativas valiosas que existen en paralelo, como islas en un archipiélago sin nombre. Eso es exactamente el problema.

Qué tendría que existir para que esto cambie

Lo que se necesita no es solo una lista de proyectos ni un presupuesto mayor. Es una institucionalidad que no dependa de alcaldes ni ministros en ejercicio: una entidad con mandato propio para gestionar la regeneración del centro histórico, con autonomía real, representación equilibrada de actores públicos y privados, capacidad técnica para sostener decisiones, y financiamiento que no responda a ciclos presupuestarios anuales.

Para que esa entidad funcione hacen falta tres condiciones que hoy no coexisten en ningún lugar del país: i) consenso entre actores diversos, ii) una figura institucional nueva –aprendida de experiencias en Bogotá, Ciudad de México o Quito, sin copiar ninguna–, y iii) financiamiento diversificado, entre otras fuentes, que capture parte del valor que las propias intervenciones generan y lo reinvierta en el mismo territorio. Eso existe en otras ciudades. No aquí.

Chile tiene hoy una ventana que no ha tenido antes. La creación reciente del Área Metropolitana del Gran Santiago permite, por primera vez, pensar la ciudad como unidad más allá de los límites comunales. No es suficiente por sí sola, pero es un punto de apoyo que antes no existía. La pregunta es sobre cómo usarlo.

Santiago tiene un patrimonio excepcional, hay proyectos que demuestran que regenerar es posible, actores con interés genuino en que la ciudad avance a ser sustentable. Lo que no tiene es la decisión de articular todo eso en un plan: una visión compartida con instrumentos para ejecutarse.

La ausencia de plan no es un olvido. Es una elección. La pregunta no es si Santiago puede recuperarse. Es si existirá la decisión de que vale la pena hacerlo.

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