By El Clarín de Chile  4 junio, 2026  +

Un estudio basado en la Casen 2024 revela que 1,1 millones de niñas, niños y adolescentes viven en hogares bajo la línea de pobreza. Las organizaciones advierten que una reducción del gasto social podría profundizar una situación que ya afecta con mayor fuerza a la infancia que a cualquier otro grupo etario.

Un nuevo informe elaborado por el Observatorio Niñez de Fundación Colunga y UNICEF Chile encendió una señal de alerta en medio de la discusión presupuestaria y los anuncios de ajuste fiscal. Según el estudio, uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes en Chile vive actualmente en situación de pobreza por ingresos, una realidad que afecta a cerca de 1,1 millones de menores de edad en el país.

El documento, presentado esta semana en un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, actualiza el diagnóstico utilizando la nueva metodología de medición aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a partir de la Encuesta Casen 2024. Sus conclusiones muestran que la pobreza infantil continúa siendo más elevada y más intensa que la observada en el resto de la población.

Los datos indican que los menores de 18 años representan el 22% de la población nacional, pero concentran el 32% de todas las personas que viven bajo la línea de pobreza. Además, alrededor de 445 mil niñas y niños se encuentran en pobreza extrema, mientras que un 23% enfrenta pobreza multidimensional y un 10% sufre pobreza severa, es decir, una combinación simultánea de carencias económicas y sociales.

La infancia, el grupo más vulnerable

El informe destaca que los hogares con niñas y niños que viven en pobreza enfrentan una brecha promedio mensual de más de 230 mil pesos para alcanzar el umbral mínimo de ingresos establecido oficialmente. Esa diferencia es superior a la observada en el promedio general de los hogares pobres del país.

Las investigadoras sostienen que la situación refleja una fragilidad estructural del sistema de protección social para la infancia. Mientras los hogares con adultos mayores cuentan con las pensiones como principal fuente de apoyo estatal, los hogares con niños dependen de múltiples subsidios fragmentados y de menor impacto.

Según el estudio, los hogares con menores de edad reciben en promedio transferencias estatales cercanas a 94 mil pesos mensuales, mientras que los hogares con adultos mayores perciben montos que superan ampliamente esa cifra.

Otro dato preocupante es que más de una cuarta parte de los hogares con niños en situación de pobreza no recibe actualmente ningún subsidio estatal, pese a encontrarse entre los sectores más vulnerables.

El debate sobre los recortes

La publicación del informe coincide con un escenario de creciente tensión fiscal. Durante las últimas semanas el gobierno ha impulsado diversos ajustes presupuestarios y recortes de gasto en distintas áreas del Estado, abriendo un debate sobre el impacto que estas medidas podrían tener en políticas sociales destinadas a la infancia.

Las autoras sostienen que reducir la protección social para niñas, niños y adolescentes no solo tendría consecuencias económicas y sociales de largo plazo, sino que podría entrar en conflicto con el principio de no regresividad establecido en la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, promulgada en 2022. Esta normativa establece que el Estado no debe disminuir los niveles de protección ya alcanzados para este grupo de la población.

Desde UNICEF Chile enfatizaron que la garantía de ingresos es una condición necesaria, pero insuficiente por sí sola. El desafío, señalan, es combinar apoyo económico con acceso efectivo a salud, educación, cuidados y programas de apoyo familiar.

Una inversión menor que el costo de la pobreza

Uno de los argumentos centrales del informe apunta a los costos económicos de no actuar. Las estimaciones indican que cerrar completamente la brecha de ingresos de los hogares con niños en situación de pobreza tendría un costo equivalente al 0,53% del Producto Interno Bruto. Si el esfuerzo se focalizara en los hogares monoparentales encabezados por mujeres —uno de los grupos más afectados— el costo bajaría a 0,11% del PIB.

Las investigadoras contrastan esas cifras con estudios internacionales que han estimado que los efectos de la pobreza infantil pueden representar pérdidas económicas superiores al 5% del PIB debido a menores niveles educativos, peores condiciones de salud y reducción de la productividad futura.

Dos propuestas para el período 2026-2030

El documento concluye proponiendo dos medidas principales: una garantía de ingresos básicos para las familias con niñas y niños que viven en pobreza y el fortalecimiento de un sistema universal de protección social para la infancia que articule salud, educación, cuidados y transferencias monetarias.

La discusión llega en un momento especialmente sensible. Mientras el Ejecutivo busca reducir el gasto público y reordenar las cuentas fiscales, UNICEF y Fundación Colunga advierten que la infancia concentra hoy una proporción desmedida de la pobreza nacional y que cualquier retroceso en materia de protección social podría comprometer décadas de avances en el combate a la desigualdad.

Cifras clave del informe

25% de las niñas y niños (0-17 años) vive en pobreza por ingresos

1,1 millones de niñas y niños en hogares que no cubren canasta básica

445.000 en pobreza extrema (10%)

23% en pobreza multidimensional

10% en pobreza severa (simultáneamente por ingresos y multidimensional)

Brecha mensual promedio: $230.522 por hogar con niños en pobreza

Costo de cerrar la brecha: 0,53% del PIB

Fuente: Observatorio Niñez Fundación Colunga, UNICEF Chile, Centro de Políticas Públicas UC.

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