Por Abraham Santibáñez Martínez
El Ciudadano. 09/06/2026
Abraham Santibáñez Martínez. Santiago, 1938. Periodista, escritor y académico. Fundador, subdirector y luego director de la revista Hoy (1977-1989), una de las pocas publicaciones independientes que circuló durante la dictadura. Director del diario La Nación entre 1990 y 1994; ex presidente del Colegio de Periodistas de Chile (2008-2010); miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Premio Nacional de Periodismo 2015. En noviembre de 1978 integró la comisión convocada por la Vicaría de la Solidaridad que verificó el hallazgo de los hornos de Lonquén.
(En el texto, aparte de mis propios e indelebles recuerdos, me he permitido incorporar parte de la información del Proyecto Internacional de Derechos Humanos con sede en Londres, y otros trabajos periodísticos).
El periodista, Premio Nacional de Periodismo 2015, fundador y subdirector de la revista Hoy, recuerda la tarde de noviembre de 1978 en que viajó a Lonquén junto a la comisión convocada por la Vicaría de la Solidaridad. Lo que encontraron en aquellos hornos de cal abandonados derribó, para siempre, la versión oficial de la dictadura.
Dos escenas que no se separan
Lonquén —o, más exactamente, los hornos de Lonquén— es un hito doloroso y estremecedor en la historia de los derechos humanos en Chile. Lo es, también, en mi propio desarrollo como periodista en tiempos difíciles.
Hay dos momentos clave que muestran el rasgo más cruel de la dictadura de Pinochet: la visita que hicimos para confirmar el hallazgo de los restos de las víctimas, en una calurosa tarde de fines de 1978, y la postergada ceremonia fúnebre en Isla de Maipo, realizada tres décadas después. Estuve presente en ambas ocasiones. No puedo separar en mi recuerdo esas dos escenas: la soledad de la excavación en busca de los restos humanos en un horno de cal abandonado bajo el sol ardiente de noviembre de 1978, y la ceremonia del 28 de marzo de 2010, en la cual se unieron el dolor y la esperanza en el entierro de catorce de los quince asesinados.
Lo ocurrido en 1978 lo he contado antes, empezando por una primera publicación en la revista Hoy, de la cual yo era subdirector. Emilio Filippi estaba de viaje, así que tuve que asumir personalmente el llamado urgente a una reunión en la Vicaría de la Solidaridad.
Una tarde agotadora
Fue el 30 de noviembre de 1978. La Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una comisión encargada de verificar las declaraciones de un anciano que, bajo secreto de confesión, aseveraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en las minas abandonadas de Lonquén. Ese día partió rumbo al lugar la comisión integrada por monseñor Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Luis Egaña, secretario ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; Jaime Martínez, director de la revista Qué Pasa, y quien escribe, en calidad de subdirector de la revista Hoy.
Esa tarde, tras un trabajo nada fácil —el acceso a uno de los hornos había sido sellado con cemento y tierra—, una cantidad indeterminada de restos humanos salió a la luz. La denuncia había sido confirmada.
Con Jaime Martínez, director de Qué Pasa, buen amigo y buen cristiano, coincidimos en lo fundamental: nunca más se podría hablar de «presuntos desaparecidos».
Eran los primeros desaparecidos encontrados. No como esperaban sus seres queridos, que tenían la esperanza de hallarlos con vida. Era el comienzo de la demolición de la tenebrosa tesis de la dictadura, según la cual no había desaparecidos en Chile, sino dirigentes extremistas que gozaban de buena salud y vivían a todo lujo en el extranjero.
…en 1979, en otra demostración de inhumanidad, las autoridades militares se burlaron cruelmente de los parientes de las víctimas, lanzando sus restos en una fosa común mientras ellos se preparaban para recibirlos en una iglesia de Santiago.
Sospecha confirmada
Pese a la evidencia, todavía fueron necesarios múltiples esfuerzos —no solo periodísticos— para que esta realidad finalmente convenciera a los chilenos, más allá de su visión partidista o de las razones con que justificaran el golpe militar.
La primera frase de mi texto en la revista Hoy sigue siendo abrumadora: «Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre».
Era lo que quedaba de quince hombres detenidos el 7 de octubre de 1973 en la comuna de Isla de Maipo, cerca de Talagante. Se comprobaba que hijos y esposos, arbitrariamente detenidos, estaban muertos. No solo en Lonquén. Era imposible, de ese día en adelante, que el régimen siguiera repitiendo —tal como lo había hecho el 7 de noviembre de 1975 el delegado Sergio Diez ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas— que muchos de los presuntos desaparecidos no tenían existencia legal.
El final de la historia tardó en producirse. Solo más de tres décadas después, los restos encontrados en Lonquén recibieron su reposo definitivo. Entremedio, en 1979, en otra demostración de inhumanidad, las autoridades militares se burlaron cruelmente de los parientes de las víctimas, lanzando sus restos en una fosa común mientras ellos se preparaban para recibirlos en una iglesia de Santiago.
En marzo de 2010, tras un larguísimo proceso de exhumación e identificación con ayuda científica de fuera de Chile, catorce de las quince víctimas fueron entregadas por el Servicio Médico Legal. Sus restos fueron trasladados, en una primera etapa, hasta la Recoleta Franciscana, donde los habían aguardado infructuosamente treinta años antes.
El domingo 28 de marzo de ese año, los asesinados recibieron el largamente postergado homenaje fúnebre de sus familias y de la comunidad de Isla de Maipo. Fue una tarde de pesar tranquilo. Los familiares de los muertos no mostraban odio; solamente un pesar irreparable. Manuel Navarro, la víctima número quince, fue identificado en 2016.
Su trabajo confirmó que las víctimas no murieron en un enfrentamiento y que la versión entregada por el jefe de la patrulla de Carabineros, el capitán Lautaro Castro, era —en sus propias palabras— intrínsecamente inverosímil.
Los nombres que la dictadura quiso borrar
Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos, Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro fueron detenidos en octubre de 1973 por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, a cargo del teniente Lautaro Castro Mendoza. Sus edades fluctuaban entre los 17 y los 51 años. Los más jóvenes habían sido capturados en la plaza de Isla de Maipo.
Algunas de las víctimas fueron enterradas cuando estaban todavía con vida.
El trabajo de la justicia
El lugar era en esos años un aislado paraje en la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de Talagante. Allí había dos antiguas chimeneas de piedra de nueve metros de altura, abandonadas, que habían sido utilizadas para la preparación de cal.
En 1978, luego de cumplir con su penosa tarea, nuestra comisión regresó a Santiago y al día siguiente se presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. La jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, designada para el caso, partió rumbo a Lonquén con un grupo encabezado por el sacerdote Gonzalo Aguirre, que incluía además al fotógrafo Luis Navarro, del Boletín de la Vicaría de la Solidaridad. La jueza ratificó la veracidad del hallazgo. Lo hizo personalmente. La escena —según testigos— le provocó un manifiesto malestar físico.
Los análisis del Instituto Médico Legal determinaron fehacientemente que los restos humanos correspondían a los desaparecidos de Isla de Maipo. El 6 de diciembre de 1978, el Pleno de la Corte Suprema designó ministro en visita extraordinaria al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra, a fin de que llevara adelante la investigación.
Su trabajo confirmó que las víctimas no murieron en un enfrentamiento y que la versión entregada por el jefe de la patrulla de Carabineros, el capitán Lautaro Castro, era —en sus propias palabras— intrínsecamente inverosímil. A partir de los resultados de la investigación, el ministro Bañados se declaró incompetente y el proceso pasó a la justicia militar.
Como era previsible, conforme a las disposiciones de la dictadura, en agosto de 1979, sobre la base del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se sobreseyó definitivamente a los inculpados. El 22 de octubre de 1979 —menos de un año después del descubrimiento de los cadáveres— la resolución fue confirmada por la Corte Marcial. En marzo de 1980, los hornos fueron dinamitados.
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