Por: Leonardo Buitrago
El Ciudadano. 03/07/2026
Luego que la Contraloría determinar que Steiner sobrepasaba sus atribuciones como ministra de Seguridad Pública, diputados de la oposición evalúan ingresar un libelo en su contra y emplazan al gobierno de Kast a pronunciarse, afirmando que “no puede evadir su responsabilidad"
Trinidad Steinert vuelve como una pesadilla para el Gobierno de José Antonio Kast, ya que diputados de la oposición evalúan la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes de una investigación penal en curso durante su gestión.
Los parlamentarios no solo apuntan a la otrora secretaria de Estado, sino que elevan la responsabilidad de sus acciones al propio Kast.
El detonante de esta nueva ofensiva política es el dictamen N° D344/2026, emitido el 1 de julio por la contralora general Dorothy Pérez, en el cual se determinó que Steinert, al solicitar información a la Policía de Investigaciones (PDI), excedió las facultades que le confiere la ley. El requerimiento, que en un principio podía parecer ajustado a sus atribuciones, se desvió al exigir una nómina detallada de funcionarios, incluyendo nombres, cédulas de identidad, grados y antecedentes disciplinarios de una unidad vinculada a la investigaciones del denominado “Clan Chen” en Tarapacá
La Contraloría fue clara al señalar que dicha atribución debe ejercerse para fines de planificación institucional y no puede utilizarse cuando pueda afectar una investigación en curso, configurando una transgresión al principio de juridicidad
Las reacciones en la oposición no se hicieron esperar. El diputado Luis Cuello (PC) calificó lo resuelto como «de la máxima gravedad» y emplazó directamente al Presidente Kast, exigiéndole que aclare si estaba al tanto de los actos ilegales que se le imputan a su exministra.
Cuello dejo en claro que apoyara la conformación de
una comisión investigadora, ya que a su juicio, «perfectamente se configura una causal de acusación constitucional». Esta postura es respaldada por el diputado socialista Raúl Silva, uno de los impulsores del requerimiento ante la Contraloría, quien adelantó que su bancada analizará el caso para buscar «todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega».
El diagnóstico desde el socialismo es que no se trata de un error administrativo menor. El diputado Silva fue enfático al afirmar que “es una desviación de poder (…) y un uso indebido de sus funciones para fines personales”, señalando que quien debía proteger a las policías terminó exponiendo a sus propios funcionarios.
La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dio un espaldarazo a este análisis, subrayando que el dictamen confirma una situación que era insostenible y que las responsabilidades no se agotan en la exministra, sino que el Gobierno debe hacerse cargo por haberla designado.
«No solamente no ejecutó lo que tenía que hacer, sino también vemos cómo Contraloría señala que cometió actos que se alejaban de lo que es su desempeño», afirmó en declaraciones recogidas por El Mostrador.
«El Gobierno llegó a improvisar con la seguridad del país«
El foco del cuestionamiento se traslada, inevitablemente, a la figura de Kast. La diputada Emilia Schneider (FA) calificó la situación como una muestra de «la falta de rigor y la improvisación» con la que el Gobierno ha abordado la seguridad. En una línea similar, su compañera de bancada, Tatiana Urrutia, emplazó al Ejecutivo a pronunciarse, argumentando que «la Contraloría confirma que el Gobierno no sabe de la materia y llegó a improvisar con la seguridad del país».
El diputado Jorge Brito, también del FA planteó que el hecho de que Steinert no haya tenido un plan en materia de seguridad y , «haya actuado en forma ilegal como reconoce Contraloría», amerita » la revisión de procesos sancionatorios en su contra«.
Más allá de la acusación constitucional, la oposición está evaluando todas las herramientas disponibles. Se menciona la formación de una comisión investigadora y la exigencia de que el nuevo ministro de Seguridad emita una opinión al respecto. El diputado Alfonso de Urresti (PS) advirtió que la mala actuación no solo daña a la PDI, sino que «debilita la importancia de la lucha frontal contra la delincuencia».
La pregunta que queda flotando en el ambiente político es si el presidente Kast sabía de esta situación: «¿Acaso recibieron también un preinforme? ¿Esta fue la razón de la salida de la exministra Steinert?», cuestionó Schneider.
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