Por: Carlos Correa Bau. Consultor en Comunicación Corporativa y exsubdirector de la Secom
Radio Bio Bio Chile. Domingo 05 julio de 2026
Lo que la Constitución concibió como una suerte de botón rojo institucional para destituir a las más altas autoridades ante faltas gravísimas, se ha transformado en el deporte nacional del Congreso: la Acusación Constitucional (AC). Un caso reciente es el del exministro Grau, acusado por hacer su trabajo de proyectar la economía. Hasta el propio ministro de Hacienda actual hizo ver la ridiculez que se estaba gestando.
Ahora se habla de acusar a la exministra Steinert, después del dictamen de la CGR que plantea que actuó fuera de sus facultades. Pero ella no está en el puesto, pues el presidente decidió pedirle la renuncia y con ello pagó el correspondiente costo político. ¿Qué sentido tiene acusarla entonces si ya está fuera y no forma parte del oficialismo? Si la AC se utiliza para marcarle los déficits de seguridad al gobierno, existen otras herramientas como la interpelación o las comisiones investigadoras.
No es el primer caso en que la Cámara trata de castigar nuevamente a un castigado. Ocurrió en el gobierno anterior a Marcela Ríos, por una facultad que ejerció el presidente Boric, al exministro Pardow por un error que le costó el cargo y por el que se buscaba liquidarlo como profesor universitario. Y otro caso fue la exministra de Defensa por la casa de Allende, pese a que no tenía participación alguna en los hechos y ya la habían hecho renunciar por el revuelo causado por otra decisión presidencial.
Y no es solo un lado el que hace el ridículo usando una facultad para fines comunicacionales. La izquierda hizo lo suyo con la acusación al presidente Piñera, que incluyó un filibusterismo de televisión con un diputado leyendo un largo discurso falso para que alcanzara a llegar el voto que faltaba. Y también en su tiempo a la ministra Cubillos por plantear su visión ideológica de la educación e intentar aplicarla.
Hoy, acusar constitucionalmente es el nuevo “oficio fiscalizador”, una puesta en escena con luces de matinal y nulo espesor jurídico. Y para seguir con la moda, acusemos, entonces, a la Acusación Constitucional.
La Carta Fundamental, respecto de las AC, es bastante taxativa. El artículo 52, número 2, establece que este mecanismo procede por causales específicas: haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación, infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución. No es un voto de censura parlamentario al estilo europeo, donde si el ministro cae mal o gestiona de forma deficiente, la mayoría legislativa lo despacha a su casa. En Chile impera un régimen presidencial y el único que echa ministros por razones políticas es el Presidente.
En los últimos años, la AC pasó de ser un recurso extraordinario a un reality, que se transmite en vivo como los partidos de fútbol. ¿Cómo olvidar las acusaciones cruzadas en plena pandemia, donde se pretendía destituir a ministros de Salud pues a la oposición de turno no le gustaba la estrategia epidemiológica o el conteo de camas de la subsecretaría? La última frontera del ridículo se cruzó cuando las acusaciones empezaron a usarse como herramientas de distracción masiva o de guerrilla interna: “Tú me acusas a mi exministro, yo te acuso al tuyo en ejercicio”. Como fue el caso del ministro Beyer, injustamente acusado para empatar una injusticia cometida contra la actual senadora Yasna Provoste.
El daño colateral de esta adicción al ‘show’ es gigantesco. Primero, produce una parálisis legislativa pues una AC detiene el trabajo de comisiones y del pleno durante semanas. Los honorables dedican jornadas maratónicas de doce horas a escuchar defensas y réplicas de libelos que todos saben, de antemano, cómo votarán según el color de la bancada. El veredicto está escrito antes de que se redacte la primera página del documento.
Segundo, vacía de contenido la propia Constitución. Cuando todo es grave, nada es grave. Si se acusa con la misma plantilla a un ministro que presuntamente cometió un fraude al fisco que a uno que simplemente tuvo una mala vocería en un punto de prensa, la herramienta pierde su poder disuasivo y destructivo. Se convierte en un tigre de papel, en un mero bache en la carrera política de las autoridades, que asumen el proceso como un costo del poder.
Chile no puede permitirse un Congreso peruanizado. La fiscalización es un pilar democrático irrenunciable, pero tiene sus canales: las comisiones investigadoras, las interpelaciones, los oficios. Elevar cada discrepancia de agenda al rango de “infracción constitucional” como ocurrió en el caso del exministro Grau es una inmadurez que degrada la República.
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