Por Apolo Olivares -  Ex Estudiante de la UTE -  Para UTE-NOTICIAS – 24-05-2026

Abordo un tema profundamente relevante para Chile ; cómo una sociedad puede pasar desde la movilización masiva al agotamiento político sin resolver las causas estructurales del malestar.

El desafío hoy no es solo interpretar el presente, sino entender que los períodos de desafección social suelen ser etapas de transición histórica. En esos vacíos aparecen nuevas formas de organización, nuevos liderazgos y también riesgos importantes de autoritarismo, fragmentación o manipulación emocional.

Analizar los procesos desde una perspectiva histórica, política y social permite ir más allá de la lectura superficial de “hay protestas” o “no hay protestas”, y entrar en algo más profundo: la relación entre ciudadanía, poder, legitimidad y expectativas de futuro.

Además, uno de los puntos más importantes es comprender que el deterioro de la confianza colectiva no se revierte únicamente con crecimiento económico. Las sociedades necesitan también: sentido de pertenencia, protección social, estabilidad, participación real, y la percepción de que el esfuerzo individual tiene un horizonte digno.

La gran debilidad actual no es solo electoral. Es organizativa y cultural. Durante décadas el neoliberalismo no solo transformó la economía chilena; también debilitó las formas colectivas de vida:  sindicatos, organizaciones territoriales, cooperativas, participación comunitaria, identidad de clase.

Cualquier fuerza transformadora seria tendría que comenzar precisamente ahí: reconstruyendo tejido social antes que solamente disputar cargos institucionales. La historia muestra que los cambios profundos y duraderos ocurren cuando existe una base social organizada capaz de sostenerlos, no únicamente liderazgos carismáticos o momentos de indignación.

En ese sentido, un proyecto verdaderamente transformador hoy probablemente necesitaría combinar varios elementos: defensa radical de la democracia y los derechos sociales; organización territorial permanente; capacidad técnica y programática real; construcción de poder sindical y comunitario; propuestas económicas concretas contra la desigualdad; y una narrativa nacional capaz de unir a sectores populares y clases medias.

Porque uno de los problemas históricos de parte de la izquierda  ha sido separar demasiado la idea de transformación social de las necesidades cotidianas de estabilidad de la población. Cuando eso ocurre, las mayorías terminan alejándose y buscando protección en discursos conservadores o autoritarios.

Chile atraviesa uno de los momentos políticos y sociales más complejos desde el retorno a la democracia. El país continúa acumulando desigualdad, precarización, endeudamiento y frustración social, pero a diferencia de otros períodos históricos, ese malestar ya no se traduce automáticamente en movilización masiva. Esa es la gran transformación de la década: Chile no dejó de estar en crisis; lo que cambió fue la relación emocional y política de la ciudadanía con la posibilidad de transformar esa crisis.

La ausencia de protestas masivas frente al alza de combustibles en 2026 ha sido interpretada por  sectores de la derecha política  y económica como una señal de estabilidad o recuperación del orden. Sin embargo, esa lectura es superficial y peligrosa. Lo que hoy vive Chile no es paz social, sino agotamiento colectivo. La diferencia es fundamental. Una sociedad en paz mantiene confianza en sus instituciones y conserva expectativas de futuro. Una sociedad agotada, en cambio, continúa sufriendo las mismas tensiones estructurales, pero pierde la convicción de que movilizarse o participar políticamente pueda producir cambios reales.

La historia chilena demuestra que los grandes estallidos sociales rara vez nacen únicamente de un problema económico puntual. Los aumentos de precios funcionan más bien como detonantes simbólicos de frustraciones acumuladas durante años. Ocurrió en 1949 con la Revolución de la Chaucha, cuando el alza del transporte público provocó una explosión social en un contexto marcado por inflación, deterioro salarial y crisis política. Ocurrió nuevamente en 2019, cuando el aumento de 30 pesos en el Metro de Santiago desató la mayor crisis social desde el fin de la dictadura. En ambos casos, el problema real no era el monto del alza, sino el sentimiento extendido de abuso, desigualdad y desconexión entre las élites y la ciudadanía.

Pero hay una diferencia clave entre esos momentos históricos y el Chile actual: la población todavía creía que la movilización podía cambiar las cosas. En 1949 existían sindicatos fuertes, organizaciones territoriales y una cultura política profundamente colectiva. La protesta tenía conducción, identidad y horizonte. La ciudadanía entendía la calle como un espacio legítimo de presión política. Cuando el gobierno retrocedió frente a las manifestaciones, quedó instalada una convicción histórica: el pueblo organizado tenía capacidad real para doblar la voluntad del poder.

El estallido de 2019, aunque distinto en contexto y composición social, compartía esa misma energía de transformación. La consigna “no son 30 pesos, son 30 años” resumió el colapso de una promesa histórica construida durante décadas. Chile había sido presentado como el modelo exitoso de América Latina, pero millones de personas comenzaron a percibir que ese crecimiento económico descansaba sobre una profunda inseguridad social. Trabajar no garantizaba estabilidad, estudiar implicaba endeudarse, jubilar significaba empobrecerse y enfermar podía destruir económicamente a una familia completa. La frustración no provenía únicamente de la pobreza, sino de la sensación de que el sistema había roto su promesa de movilidad y dignidad.

El estallido fue entonces mucho más que una protesta tarifaria: fue una ruptura psicológica colectiva. Por primera vez en décadas, millones sintieron que podían cuestionar estructuralmente el modelo político y económico. Existía una expectativa real de transformación. La idea de una nueva Constitución simbolizó precisamente eso: la posibilidad de reiniciar el pacto social chileno.

Sin embargo, lo que vino después alteró profundamente la relación de la ciudadanía con la política y con la protesta. La pandemia, la crisis económica, la polarización extrema, el deterioro de la seguridad pública, los procesos constitucionales fallidos y la incapacidad de las fuerzas políticas para canalizar el malestar terminaron produciendo un efecto devastador: el desgaste emocional de la sociedad.

El problema central del Chile de 2026 no es que hayan desaparecido las causas del malestar. De hecho, muchas se han profundizado. El costo de la vida continúa aumentando, el endeudamiento familiar sigue creciendo, los salarios permanecen estancados y la inseguridad domina gran parte de la conversación pública. Pero hoy una parte importante de la ciudadanía siente que el enorme costo social y emocional vivido desde 2019 no produjo transformaciones equivalentes. Las élites económicas mantienen intacto   su poder, la desigualdad estructural persiste y las instituciones continúan profundamente desprestigiadas.

La conclusión silenciosa que comienza a instalarse es políticamente demoledora: movilizarse no sirvió.

Ese cambio psicológico es probablemente el fenómeno político más importante del Chile contemporáneo. La sociedad pasó desde una etapa de ira movilizadora a una fase de desencanto inmovilizador. El ciudadano que en 2019 veía la protesta como una herramienta de cambio, hoy muchas veces la observa con escepticismo, cansancio o temor. Y el miedo se transformó en un actor político central.

La violencia, los saqueos, la destrucción y la sensación de descontrol asociadas al período posterior al estallido dejaron una huella profunda en amplios sectores de la población, especialmente en las clases medias y populares que también sufrieron las consecuencias económicas y urbanas del conflicto. En ese contexto, el discurso del orden comenzó a adquirir más fuerza que el discurso de transformación. La seguridad reemplazó a la esperanza como prioridad política inmediata.

Ese cambio cultural explica parte importante del escenario actual. Sectores que continúan afectados por la precariedad económica hoy priorizan estabilidad antes que confrontación. No porque sus problemas hayan sido resueltos, sino porque perciben el caos como una amenaza aún mayor. La derecha comprendió rápidamente este desplazamiento emocional y reorganizó su discurso en torno al control, la autoridad y la seguridad. Mientras tanto, gran parte de la izquierda quedó atrapada entre las expectativas que ayudó a construir y la incapacidad de materializar cambios estructurales profundos.

El resultado es una crisis transversal de representación. La desconfianza ya no se dirige únicamente hacia un sector político específico, sino hacia prácticamente todo el sistema institucional. Partidos, Congreso, empresarios, medios de comunicación e incluso movimientos sociales enfrentan niveles de legitimidad deteriorados. Existe malestar, pero no conducción política. Existe rabia, pero no horizonte común.

Y esa combinación históricamente es peligrosa.

Las sociedades no necesariamente se estabilizan cuando dejan de protestar. Muchas veces simplemente ingresan en fases de apatía, resignación o autoritarismo pasivo. La ausencia de movilización no implica necesariamente consenso; puede reflejar agotamiento, miedo o pérdida de fe en cualquier posibilidad de cambio.

Chile parece estar entrando precisamente en esa etapa. Una etapa donde el problema ya no es únicamente económico, sino profundamente político y cultural. La gran amenaza para el país no es solo otro estallido social. La verdadera amenaza es la erosión progresiva de la confianza colectiva en la democracia, en las instituciones y en la posibilidad misma de construir un proyecto común de futuro.

La erosión de la confianza colectiva no se enfrenta únicamente con campañas comunicacionales, slogans o llamados abstractos a la unidad. Cuando una sociedad entra en una fase de agotamiento político como la que vive Chile, el problema deja de ser solamente electoral y se transforma en una crisis de sentido. La ciudadanía comienza a preguntarse no solo quién gobierna, sino para qué sirve la política y si todavía existe un proyecto común capaz de mejorar la vida cotidiana.

Ese es el desafío central que enfrentan hoy los sectores de izquierda : reconstruir credibilidad en una sociedad que dejó de creer en las promesas de transformación.

Por eso, la reconstrucción de confianza requiere primero una autocrítica honesta. No una autodestrucción, sino la capacidad de reconocer errores estratégicos: fragmentación, maximalismo, desconexión territorial, luchas identitarias desconectadas de las urgencias materiales, incapacidad de construir mayorías sociales duraderas y, en algunos casos, cierta superioridad moral que terminó alejando a sectores populares y clases medias.

La ciudadanía hoy no busca discursos perfectos. Busca coherencia, estabilidad y capacidad real de gobernar.

En ese contexto, la unidad de las fuerzas de izquierda no puede basarse solamente en evitar el avance de la derecha o el autoritarismo. Las alianzas construidas únicamente desde el miedo suelen ser débiles y defensivas. La unidad necesita un propósito histórico claro: reconstruir un proyecto nacional de seguridad social, estabilidad democrática y dignidad material para las mayorías.

Y aquí aparece un punto clave : la demanda de orden no es necesariamente una demanda reaccionaria. Cuando las personas piden seguridad, control territorial o estabilidad institucional, muchas veces no están rechazando derechos sociales; están expresando miedo e incertidumbre frente al deterioro de sus condiciones de vida.

 Abandonar esos temas y dejar que sean monopolizados por la derecha, se comete un error estratégico enorme. La seguridad no puede quedar separada de la justicia social. Un proyecto de izquierda  moderno necesita comprender que: sin seguridad, la vida cotidiana se vuelve invivible; pero sin justicia social, la inseguridad nunca desaparece realmente.

Hoy gran parte de la ciudadanía siente que el país perdió rumbo. Las fuerzas de izquierda necesitan volver a ofrecer una idea de futuro posible, pero desde la seriedad y no desde la épica vacía. Las personas ya no reaccionan únicamente a grandes promesas; reaccionan a señales concretas de estabilidad, capacidad y protección. En períodos de crisis profunda, las sociedades suelen premiar a quienes transmiten capacidad de conducción, no solo indignación moral.

En ese contexto, defender la democracia ya no significa simplemente defender elecciones periódicas. Significa reconstruir la capacidad de las sociedades de convivir, confiar y proyectarse colectivamente.

La fragmentación permanente entre fuerzas de izquierda puede terminar siendo históricamente funcional al avance de proyectos autoritarios o ultraconservadores que sí entienden el poder como una disputa cultural de largo plazo. Mientras  muchas veces nos desgastamos en disputas internas, la derecha ha logrado avanzar instalando emociones simples pero efectivas: miedo, orden,  estabilidad, control.

Combatir eso no requiere copiar discursos autoritarios, pero sí comprender que las emociones también son parte central de la política.

Chile no necesita solamente más crecimiento económico ni más polarización ideológica. Necesita reconstruir un mínimo de confianza colectiva. Y esa tarea exige que las fuerzas de izquierda abandonen la lógica testimonial y vuelvan a pensarse como fuerzas históricas capaces de gobernar, proteger y conducir.

Porque si  no logramos reconstruir un horizonte común para las mayorías, el vacío emocional y político que hoy existe será ocupado por proyectos que ofrecerán orden sin democracia, seguridad sin derechos y estabilidad basada en el miedo.

Otro punto central es evitar el error histórico de convertir la “revolución” en una identidad estética o moral desconectada de la mayoría social. Cuando las organizaciones políticas hablan únicamente para grupos ya convencidos, dejan de construir hegemonía real. La transformación profunda de una sociedad exige persuadir, ampliar bases y construir legitimidad popular sostenida.

Y en ese escenario, las fuerzas transformadoras tendrán éxito solo si logran algo que hoy parece escaso: convertir nuevamente la política en una herramienta de esperanza concreta y no únicamente en un espacio de frustración permanente.

Apolo Olivares – Ex estudiante de la Universidad Técnica del Estado

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