Por: Jessica Cuadros Ibánez. Economista, consultora internacional y ex consejera del BID

El Mostrador. 25 mayo, 2026

Una cosa es aprobar una ley mediante acuerdos transitorios en una Cámara fragmentada y otra muy distinta es convencer a inversionistas intensivos en capital de que esas reglas tendrán estabilidad suficiente como para justificar decisiones de largo plazo.

La principal paradoja del Gobierno de José Antonio Kast es simple: intenta convencer a inversionistas y mercados de que Chile volvió a ofrecer estabilidad de largo plazo, mientras su propia gobernabilidad depende cada vez más de alianzas tácticas, frágiles y reversibles.

Ahí aparece el verdadero significado político de la aprobación de la Ley de Reconstrucción, porque, más que una gran victoria oficialista, lo que dejó expuesto fue algo bastante más incómodo: un Gobierno obligado a administrar desgaste político, fragilidad económica y un Congreso crecientemente inestable.

Durante 69 días La Moneda evitó realizar un cambio de gabinete profundo. Necesitaba proyectar estabilidad en medio de un primer trimestre marcado por crecimiento débil, señales económicas ambiguas y crecientes inquietudes fiscales. Sin embargo, mientras el Ejecutivo intentaba sostener una imagen de control, comenzaron a acumularse síntomas de desgaste interno, descoordinación política y dificultades para ordenar su propia coalición.

El cambio de gabinete terminó llegando tarde.

Y los cambios tardíos suelen transmitir algo peligroso: que el Gobierno dejó de conducir y empezó a contener daños.

La aprobación de la Ley de Reconstrucción no disipó esa percepción. Más bien la reforzó. El proyecto avanzó gracias a negociaciones intensas con actores que hace pocos años habrían sido considerados incompatibles con la idea tradicional de gobernabilidad de la derecha chilena.

Ahí aparece uno de los datos más incómodos para el oficialismo: la dependencia creciente del Partido de la Gente, de Franco Parisi y figuras como Pamela Jiles.

No solo por sus votos. Sobre todo por lo que simbolizan.

Durante décadas, la gobernabilidad chilena descansó sobre acuerdos relativamente previsibles entre partidos, tecnocracias y élites económicas tradicionales. Ese modelo podía ser criticado por elitista, cerrado o excesivamente homogéneo, pero entregaba algo fundamental para cualquier economía intensiva en inversión: estabilidad de expectativas.

Ese antiguo esquema también mostró límites importantes: rigidez, desconexión social y escasa capacidad para procesar nuevos malestares. Pero aun así producía algo que hoy comienza progresivamente a erosionarse: previsibilidad.

El PDG, Parisi y Jiles encarnan una política mucho más contingente, inmediata y basada en acuerdos tácticos de corto plazo. Una política menos organizada por acuerdos duraderos y más por presión mediática, ciclos de malestar y negociaciones reversibles.

El problema no es simplemente ideológico. Es estructural, porque las inversiones intensivas en capital no reaccionan únicamente a incentivos tributarios. Reaccionan, sobre todo, a estabilidad institucional.

Energía, minería, infraestructura, puertos o grandes proyectos inmobiliarios requieren horizontes de 10, 15 o 20 años. Necesitan prever razonablemente continuidad regulatoria, cohesión política, estabilidad tributaria y duración probable de las reglas.

Como advirtió hace décadas Friedrich Hayek, las economías complejas dependen menos de intervenciones permanentes que de estabilidad de reglas. Cuando los mecanismos de coordinación comienzan a deteriorarse, los gobiernos tienden a intervenir cada vez más para recuperar control: cambian ministros, reorganizan equipos, corrigen señales y negocian apoyos de manera constante.

Pero mientras más visible se vuelve esa necesidad de corrección desde el centro político, más evidente aparece simultáneamente la fragilidad previa del sistema.

Y algo de eso empieza a ocurrir hoy en Chile, porque la llamada “victoria” legislativa del Gobierno dejó instalada una pregunta incómoda: ¿cuánta estabilidad puede ofrecer una mayoría construida sobre acuerdos tan tácticos y reversibles?

La Cámara de Diputados refleja cada vez más una política organizada por presión mediática, apoyos contingentes y negociación episódica. El Senado, en cambio, todavía conserva parte de la lógica del antiguo sistema: tiempos más lentos, mayor preocupación fiscal y vínculos mucho más estrechos con actores económicos altamente sensibles a estabilidad de largo plazo.

Por eso el verdadero conflicto probablemente recién comienza, porque una cosa es aprobar una ley mediante acuerdos transitorios en una Cámara fragmentada y otra muy distinta es convencer a inversionistas intensivos en capital de que esas reglas tendrán estabilidad suficiente como para justificar decisiones de largo plazo.

El mercado puede tolerar conflicto político. Lo que difícilmente tolera es incertidumbre permanente.

Por eso el problema del Gobierno ya no parece ser únicamente aprobar la Ley de Reconstrucción. El verdadero desafío consiste en convencer al país –y especialmente a quienes toman decisiones de inversión– de que las reglas durarán más que las alianzas que permitieron aprobarlas.

Y cuando incluso las grandes reformas económicas comienzan a depender de equilibrios parlamentarios tan frágiles, los cambios de gabinete dejan de parecer señales de conducción estratégica.

Empiezan a parecer intentos de sostener una estabilidad que el sistema político chileno ya no logra producir con facilidad.

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