By Simon Del Valle – El Clarin Chile  -   6 agosto, 2026  

La absolución del excarabinero Claudio Crespo, el respaldo del Presidente José Antonio Kast, la resolución aprobada en la Cámara para promover un indulto general y la creación de una bancada en el Senado marcaron un cambio de etapa. El enfrentamiento entre la senadora Camila Flores y Fabiola Campillai terminó por reflejar que la discusión sobre los condenados por violaciones a los derechos humanos se ha transformado en uno de los principales focos de confrontación política del Congreso.

La discusión sobre un eventual indulto a militares y policías condenados por violaciones a los derechos humanos dejó de ser un debate jurídico para convertirse en uno de los principales focos de confrontación política del Congreso. En pocos días, el oficialismo pasó de celebrar la absolución del excarabinero Claudio Crespo a impulsar iniciativas destinadas a beneficiar a condenados, mientras el enfrentamiento entre las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai terminó por simbolizar la profundidad de esa disputa.

Lo ocurrido no parece responder a una sucesión de hechos aislados. Existe una secuencia política que comienza con el fallo que absolvió a Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica y continúa con una serie de iniciativas parlamentarias que buscan revisar el tratamiento que el Estado chileno ha dado durante décadas a las condenas por violaciones a los derechos humanos.

El primer paso fue el respaldo explícito del Presidente José Antonio Kast a la sentencia. Más que limitarse a valorar una decisión judicial, el Mandatario la presentó como una reivindicación de Carabineros y de quienes actuaron durante el estallido social. Ese gesto transformó el fallo en un triunfo político para el oficialismo y abrió un debate que rápidamente trascendió el caso particular.

La siguiente señal provino del Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución para solicitar un indulto general, mientras en el Senado un grupo de parlamentarios oficialistas constituyó una bancada destinada a impulsar beneficios para militares y policías condenados por violaciones a los derechos humanos. Entre los nombres que han aparecido en esa discusión figura el del excarabinero Patricio Maturana, condenado por disparar la bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai, hoy senadora de la República.

De casos individuales a una agenda política

El cambio más significativo no radica únicamente en la existencia de estas iniciativas, sino en la transformación de la estrategia política del oficialismo.

Durante años, la defensa de militares y policías condenados se expresó mediante campañas centradas en casos específicos o en llamados a conceder beneficios a internos de Punta Peuco. Hoy el escenario parece distinto. La creación de una bancada parlamentaria y la aprobación de resoluciones legislativas apuntan a institucionalizar esa discusión y convertirla en parte de la agenda política del Gobierno y de sus partidos.

Ese desplazamiento implica pasar de la defensa de personas determinadas a cuestionar el marco general construido por Chile en materia de verdad, justicia y reparación desde el retorno a la democracia.

No se trata únicamente de discutir la situación jurídica de determinados condenados. Lo que comienza a instalarse es un debate sobre el sentido mismo de las condenas por violaciones a los derechos humanos y sobre la vigencia de las garantías de no repetición.

El choque que resume el conflicto

El episodio protagonizado por las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai terminó por condensar ese cambio de etapa.

La confrontación no enfrentó simplemente a dos parlamentarias de sectores opuestos. También puso frente a frente a una de las principales impulsoras de la bancada por los indultos y a una de las víctimas más emblemáticas de la violencia estatal ocurrida durante el estallido social. Flores pide el indulto del ex carabinero Maturana, que cegó a Fabiola Campillai.

La carga simbólica resulta difícil de ignorar. Mientras una parte del oficialismo plantea revisar las condenas de agentes del Estado, quienes sufrieron directamente esas violaciones recuerdan que detrás de cada expediente existen personas que perdieron la vista, fueron torturadas o vieron vulnerados sus derechos fundamentales.

La discusión, por tanto, deja de ser exclusivamente jurídica y adquiere una dimensión ética y política.

La respuesta de la oposición

En ese contexto debe entenderse la declaración emitida por la bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista e Independientes, que vinculó directamente el respaldo de Kast a Claudio Crespo con la ofensiva parlamentaria por los indultos.

Para los parlamentarios, las celebraciones del Presidente tras la absolución de Crespo y la defensa permanente de los internos de Punta Peuco no constituyen episodios separados, sino parte de una estrategia destinada a reinstalar la impunidad y debilitar los consensos democráticos construidos en torno a los derechos humanos.

La oposición comienza así a responder no solo a proyectos específicos, sino al relato político que el oficialismo intenta instalar.

Un nuevo eje de confrontación

El debate también expone una tensión para el propio Gobierno.

José Antonio Kast llegó a La Moneda con un discurso centrado en el combate a la delincuencia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el endurecimiento de las penas. Sin embargo, el impulso de iniciativas destinadas a beneficiar a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos abre un flanco político complejo para ese relato.

La pregunta que comienza a instalarse no es únicamente si corresponde conceder esos indultos. También es si un gobierno que ha hecho de la «mano dura» uno de sus principales sellos puede sostener simultáneamente una política de beneficios para agentes del Estado condenados por delitos de extrema gravedad.

Esa discusión recién comienza. Pero la rapidez con que el debate pasó desde el fallo del caso Crespo a una ofensiva legislativa y a enfrentamientos abiertos en el Congreso muestra que los derechos humanos vuelven a ocupar un lugar central en la disputa política chilena. Lo que parecía una controversia judicial se ha convertido, en cuestión de días, en uno de los principales campos de batalla ideológica entre oficialismo y oposición.

Simón del Valle

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