Columna de opinión por Natalie Rojas y Francisco Arellano

Diario U de Chile. 17-09-2026

El gobierno de Kast decidió guardar silencio a propósito de una nueva conmemoración del Golpe de Estado de 1973. Según sus autoridades, lo hizo para mirar el futuro y no el pasado,  contribuir a la unidad nacional  y evitar nuevas divisiones. En alguna medida, la decisión también expresa una posición ideológica y conceptual: se busca desanclar la noción de derechos humanos de la violencia estatal. Por cierto, el guardar silencio frente al 11 de septiembre es menos grotesco que cumplir los deseos de sectores del oficialismo de indultar criminales de lesa humanidad, o tener un posicionamiento activo de defensa y celebración de la dictadura.

Sin embargo, el silencio de un gobierno nunca es neutral, menos aún ante una fecha que recuerda el quiebre de la democracia y una política sistemática de persecución, tortura, ejecución y desaparición de personas. La ausencia de una actividad oficial no elimina el conflicto político en torno a la memoria: simplemente evita que el Ejecutivo explicite su posición.

Junto con criticar el quiebre de una tradición de décadas en que se promovió el Nunca Más frente a las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, parece necesario analizar las implicancias del silencio oficial: Desde el punto de vista de los equilibrios internos del oficialismo, es el camino que genera menores costos para el gobierno. Cualquier posicionamiento frente al golpe habría provocado un incremento del fuego amigo, en un contexto de creciente desaprobación que le implicaría un costo nacional e internacional. En ese sentido, el cálculo político se impone por sobre las convicciones –ya sean democráticas o autoritarias–.

Poniendo el foco en el objetivo declarado de mirar el futuro y evitar la división, la cuestión es algo más compleja. Por un lado, es difícil aceptar que el respeto por el dolor de una porción significativa de la sociedad sea genuino, cuando viene de quienes se han ufanado de producirlo en más de una ocasión. Pero incluso, haciendo un acto de buena fe, los hechos muestran que el gobierno ha debilitado de manera activa los avances en materia de derechos humanos. Y en estas materias, las acciones valen mucho más que las palabras, o la falta de ellas.

A su vez, la decisión expresa una opción política: desanclar el concepto de derechos humanos de la violencia dictatorial. En alguna medida, la sobredeterminación del concepto derechos humanos por la experiencia de la dictadura, dificulta su transversalidad en la actualidad. Pero históricamente, estos asuntos son indivisibles. Por lo mismo, es fundamental canalizar las deudas en la materia a través de políticas públicas sistemáticas que avancen con fuerza en verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. Los intentos de borrar la historia generan un efecto exactamente contrario al deseado. Mientras existan personas detenidas desaparecidas que no han sido encontradas, responsables que no han enfrentado a la justicia y sectores políticos que continúan justificando el golpe, no existe posibilidad real de “cerrar las heridas” mediante el silencio.

Y si bien este último es menos dañino que una celebración, ni siquiera para callar el oficialismo puede estar ordenado. Las declaraciones del diputado Luis Sánchez son muy ilustrativas, al equiparar a las familias de la dictadura militar, con quienes –tal como él– se consideran “víctimas de la reforma agraria”. A partir de ellas parece filtrarse una pulsión que justifica el terrorismo de Estado, como un correctivo equiparable y proporcional a la redistribución de la propiedad. En ese sentido, la pretendida neutralidad del oficialismo queda desactivada por la falta de pudor de quien está involucrado en la venta de memorabilia del Golpe de Estado, y la comparación deja entrever una idea persistente en una parte de la derecha chilena: que la dictadura habría sido una respuesta comprensible, o incluso legítima, frente a las transformaciones impulsadas por la Unidad Popular.

La unidad nacional no puede construirse sobre el olvido ni sobre una falsa equivalencia entre democracia y dictadura. Tampoco puede consistir en pedir a las víctimas que silencien su dolor para no incomodar a quienes todavía justifican a sus victimarios. Mirar el pasado no significa permanecer atrapadas ni atrapados en él, sino reconocer los discursos y las prácticas que hicieron posible el quiebre democrático, y garantizar que no puedan proliferar hoy. Por eso, frente al terrorismo de Estado, guardar silencio no es mirar hacia el futuro: es negarse a asumir las responsabilidades políticas del presente.

Natalie Rojas y Francisco Arellano (Nodo XXI).

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