Por Apolo Olivares – Para UTE-NOTICIAS – 02 de Noviembre 2026

América Latina enfrenta una decisión estratégica que no puede seguir postergando: construir un bloque económico, productivo y político capaz de defender sus intereses, o continuar fragmentada, aceptando las consecuencias de negociar individualmente con las grandes potencias. No se trata de una aspiración romántica ni de una declaración de buenas intenciones. Se trata de poder, soberanía y desarrollo. En un mundo donde las decisiones económicas, tecnológicas y geopolíticas se concentran en grandes centros de influencia, nuestros países necesitan construir capacidades propias para decidir su futuro.

Brasil y México tienen una oportunidad histórica para impulsar ese proceso. Son las dos mayores economías latinoamericanas, poseen importantes capacidades industriales, científicas y tecnológicas y mantienen relaciones con distintos centros del poder mundial. México está profundamente vinculado a la economía estadounidense; Brasil participa en los BRICS y dispone de relaciones comerciales diversificadas. Ambos tienen razones concretas para ampliar sus márgenes de autonomía y reducir su vulnerabilidad frente a decisiones externas.

Una cooperación estratégica entre Brasil y México podría convertirse en el punto de partida de una integración abierta a todos los países de América Latina y el Caribe. No se trata de crear una alianza exclusiva ni de establecer nuevas relaciones de subordinación entre nuestras naciones. Se trata de comenzar con quienes poseen mayores capacidades para impulsar proyectos compartidos, demostrar sus beneficios y permitir que otros países se incorporen progresivamente.

La necesidad de avanzar se comprende al examinar nuestra historia. Desde la Doctrina Monroe, Estados Unidos ha considerado reiteradamente a América Latina como parte de su esfera de influencia. Las intervenciones en Guatemala, Chile y otros países durante el siglo XX demostraron hasta dónde podía llegar esa concepción cuando determinados procesos políticos eran considerados contrarios a los intereses de Washington.

La expresión «patio trasero» resume una relación de poder que nuestros pueblos conocen demasiado bien. No significa que toda relación con Estados Unidos sea perjudicial, sino que nuestra historia está marcada por intervenciones, presiones y profundas asimetrías que han limitado la capacidad de decisión de numerosos países latinoamericanos.

Esa discusión continúa vigente.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha profundizado su alineamiento político y económico con Estados Unidos, presentándolo como una vía para atraer inversiones y ampliar oportunidades comerciales. Pero corresponde preguntarse si esa orientación fortalece efectivamente la autonomía Argentina o si aumenta su dependencia de las decisiones económicas y estratégicas de Washington.

En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ha ampliado la cooperación de seguridad con Estados Unidos y promovió la posibilidad de permitir bases militares extranjeras, propuesta que fue rechazada por la ciudadanía. La lucha contra el crimen organizado exige respuestas eficaces, pero también controles democráticos que impidan comprometer la soberanía nacional y los derechos humanos.

Venezuela enfrenta una situación diferente, marcada por la intervención y las presiones externas sobre un recurso estratégico fundamental: el petróleo. Los acuerdos anunciados durante 2026 plantean interrogantes sobre las condiciones de explotación, comercialización y control de sus reservas. La cuestión esencial es si esas decisiones resguardan la soberanía y los intereses del pueblo venezolano o si profundizan relaciones de dependencia.

A estas situaciones se suman las tensiones entre Argentina y Chile en el extremo austral. En una región de enorme importancia estratégica por sus rutas marítimas, recursos y proyección antártica, declaraciones de autoridades argentinas han reabierto desconfianzas que ambos países deberían resolver mediante el respeto irrestricto a los tratados y a la soberanía nacional. Chile y Argentina poseen enormes posibilidades de cooperación energética, científica, industrial y logística. ¿A quién beneficia que dos países vecinos debiliten sus relaciones mientras las grandes potencias consolidan sus intereses en el Atlántico Sur y la Antártida?

No necesitamos atribuir estas tensiones a una estrategia extranjera para comprender sus consecuencias. Una América Latina dividida dispone de menos capacidad para defender sus intereses; una región integrada puede construir mejores condiciones para protegerlos.

Tampoco podemos responsabilizar exclusivamente a las potencias extranjeras por nuestras dificultades. Las dirigencias políticas y económicas latinoamericanas han contribuido a mantener la fragmentación. Las rivalidades ideológicas, los intereses de corto plazo, la dependencia de la exportación de materias primas y la falta de continuidad institucional han debilitado numerosos intentos de integración.

Mercosur, la Comunidad Andina, la CELAC y otras iniciativas han conseguido avances, pero no han logrado construir una estrategia continental suficientemente profunda para transformar nuestras estructuras productivas. Hemos multiplicado las declaraciones de unidad sin desarrollar, con la misma determinación, las industrias, tecnologías, infraestructuras e instituciones compartidas que podrían sostenerla.

Europa ofrece una enseñanza histórica importante. Después de siglos de guerras y disputas territoriales, seis países iniciaron en 1951 un proceso de cooperación alrededor del carbón y del acero que posteriormente se amplió. No esperaron que todos estuvieran de acuerdo ni que desaparecieran sus diferencias. Construyeron intereses comunes mediante decisiones concretas e instituciones duraderas.

América Latina no necesita copiar ese modelo. Necesita comprender su enseñanza principal: la integración puede comenzar entre algunos países y fortalecerse progresivamente, siempre que existan compromisos capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno.

Brasil y México podrían comenzar con acuerdos de largo plazo en energía, infraestructura, salud, investigación científica, industria y tecnología, abiertos a la participación de otros países. Chile puede aportar sus capacidades mineras y sus recursos de cobre y litio; Argentina, su desarrollo agrícola, energético, industrial y científico; Cuba, su experiencia médica y biotecnológica; y los demás países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, sus propios recursos, conocimientos y capacidades humanas.

Nuestra región dispone de riquezas naturales extraordinarias, pero continúa exportando una parte importante de ellas con limitada transformación industrial, mientras importa tecnologías y productos de mayor valor agregado. Esa estructura restringe nuestras posibilidades de desarrollo y reproduce dependencias que no desaparecerán simplemente porque cambiemos de socios comerciales.

La integración debe permitirnos transformar nuestros recursos, desarrollar tecnologías propias, fortalecer cadenas productivas regionales y generar empleos de mayor calidad. No carecemos de científicos, médicos, ingenieros, universidades ni trabajadores preparados. Lo que necesitamos es una estrategia compartida que permita aprovechar esas capacidades mediante inversiones, planificación y cooperación sostenida.

Pero debemos establecer una condición fundamental: una América Latina económicamente más poderosa no será necesariamente una América Latina más justa. La integración no puede convertirse únicamente en una oportunidad para ampliar los mercados y las ganancias de grandes empresas. Su verdadero sentido debe encontrarse en las condiciones de vida de nuestros pueblos: mejores salarios, empleo digno, educación, salud, vivienda y oportunidades para las nuevas generaciones.

Para conseguirlo, los Estados deberán asumir responsabilidades en la orientación del desarrollo y en la distribución de sus beneficios. También será indispensable la participación de trabajadores, universidades, organizaciones sociales y pueblos originarios. Una integración que dependa exclusivamente de acuerdos entre presidentes volverá a quedar expuesta a cada cambio electoral.

Debemos dejar algo perfectamente claro: no proponemos una confrontación con Estados Unidos, China ni Europa. América Latina necesita comerciar, invertir y cooperar con todos. Pero comerciar no significa subordinarnos, recibir inversiones no significa renunciar a decidir y cooperar en seguridad no significa entregar nuestra soberanía.

La independencia no consiste en aislarnos del mundo. Consiste en disponer de alternativas económicas, capacidades productivas y poder de negociación para relacionarnos con él en condiciones más equilibradas.

Brasil y México pueden dar los primeros pasos. No necesitan esperar una coincidencia ideológica continental. Necesitan construir acuerdos que produzcan resultados y permitan demostrar que la cooperación ofrece mayores oportunidades que la fragmentación.

La integración no resolverá por sí sola nuestros problemas. La fragmentación, en cambio, seguirá limitando nuestra capacidad para resolverlos.

Nuestra propuesta tiene un fundamento preciso: soberanía frente al mundo, justicia social dentro de nuestros países y cooperación entre todos nuestros pueblos.

América Latina posee las condiciones para construir un bloque capaz de defender sus intereses sin pretender dominar a nadie. Lo que falta es la decisión política de transformar nuestras capacidades dispersas en una fuerza colectiva.

No estamos obligados a elegir entre enfrentarnos al mundo o aceptar la subordinación. Podemos construir una América Latina integrada, capaz de relacionarse con todas las potencias sin resignarse a seguir siendo el patio trasero de ninguna.

Apolo Olivares – Ex dirigente de la Universidad Técnica del Estado

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