Por: El Clarín de Chile. 9 noviembre, 2026

La discusión presupuestaria entra en una semana decisiva marcada por las negociaciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con los gobiernos regionales y una serie de rechazos parlamentarios que afectan a educación, investigación científica, empleo, patrimonio y derechos humanos. Mientras el Ejecutivo consiguió un acuerdo para moderar las rebajas a las regiones, permanece abierta una disputa sobre el financiamiento de programas públicos y el futuro de instituciones vinculadas a la memoria histórica.

La tramitación del Presupuesto 2027 ha comenzado a mostrar las dificultades del Gobierno de José Antonio Kast para conciliar sus objetivos de ajuste fiscal con las demandas de los territorios, las instituciones públicas y los propios parlamentarios oficialistas. El proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha experimentado modificaciones importantes durante su discusión legislativa, aunque algunas de las partidas más controvertidas permanecen sin resolver.

La Cámara de Diputados inicia este lunes 9 de noviembre una etapa decisiva del debate, después de que la Comisión Mixta rechazara partidas completas y aprobara indicaciones que reducen drásticamente los recursos de determinadas instituciones. La discusión particular está prevista para el martes, cuando el Ejecutivo tendrá que definir cuáles de los programas cuestionados está dispuesto a financiar nuevamente.

El proceso ha dejado en evidencia una diferencia entre las prioridades originales del Gobierno y las exigencias que han surgido durante la negociación parlamentaria. También ha mostrado que las discrepancias no se limitan al enfrentamiento entre oficialismo y oposición.

Las regiones consiguen modificar el ajuste

El cambio más importante respecto de la propuesta original se produjo en el financiamiento de los gobiernos regionales.

El proyecto de Hacienda contemplaba reducciones de entre el 10% y el 20% en los recursos regionales, una disminución que, según estimaciones del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, representaba aproximadamente 250 mil millones de pesos para las 16 regiones del país.

La resistencia de los gobernadores y las negociaciones con parlamentarios de distintos sectores llevaron al Ejecutivo a modificar su posición. Después de tres meses de conversaciones, se alcanzó un acuerdo que permite aproximar el presupuesto regional al nivel de 2026, con una reducción cercana al 3%, de acuerdo con Mundaca.

El entendimiento incluye recursos adicionales para inversión, mayor flexibilidad en su ejecución desde enero y la posibilidad de que el 50% de los ingresos por venta de bienes públicos permanezca en los respectivos gobiernos regionales.

La Comisión Mixta aprobó el acuerdo por unanimidad.

El resultado muestra que el diseño presupuestario inicial podía ser modificado mediante negociación política. Sin embargo, esa disposición no se ha traducido, al menos hasta ahora, en soluciones equivalentes para otras áreas del gasto público.

Educación y Ciencia, dos partidas rechazadas

Una de las principales controversias se concentra en Educación, cuya partida, de aproximadamente 17,3 billones de pesos, fue rechazada durante la discusión en comisión.

Entre los puntos cuestionados figuran los recursos para universidades, establecimientos educacionales y programas específicos, incluida la eliminación de Yo Elijo Mi PC.

El rechazo de la partida no implica que los establecimientos, universidades o servicios educacionales hayan quedado sin financiamiento. Significa que el Ejecutivo deberá negociar las modificaciones necesarias para conseguir su aprobación durante las siguientes etapas legislativas.

Una situación similar enfrenta el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuya partida también fue rechazada.

El problema adquiere especial relevancia para las universidades, que podrían experimentar simultáneamente restricciones en sus aportes institucionales y en los recursos destinados a investigación.

La controversia ocurre en un país donde el gasto en investigación y desarrollo continúa siendo reducido en comparación con las economías de la OCDE. Por ello, las decisiones presupuestarias no solo afectan el funcionamiento inmediato de las instituciones, sino también las posibilidades de desarrollar capacidades científicas y tecnológicas a largo plazo.

Quiroz ha manifestado disposición a revisar algunas de las partidas cuestionadas, especialmente Educación y Salud, pero todavía no existe un compromiso de restitución general de los recursos objetados.

Los sitios de memoria, al centro de una disputa política

Una de las decisiones más controvertidas surgió durante la discusión de la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Mediante indicaciones presentadas por parlamentarios republicanos, la Comisión Mixta aprobó reducir a mil pesos cada una seis asignaciones destinadas a instituciones y programas vinculados con la memoria de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Las asignaciones afectadas corresponden al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que tenía contemplados 2.642 millones de pesos; el Fondo Programa Sitios de Memoria, con 683 millones; Londres 38, con 420 millones; Estadio Nacional, Memoria Nacional, con 96 millones; el Museo y Memoria de Neltume, con 32 millones; y Ex Presos Políticos de Pisagua, con 30 millones.

En conjunto, estas instituciones y programas tenían contemplados aproximadamente 3.903 millones de pesos.

La reducción a mil pesos por asignación, de mantenerse en la ley definitiva, significaría en la práctica la desaparición de esos aportes presupuestarios específicos.

Es importante precisar que estos recortes no formaban parte de la propuesta original enviada por Hacienda. Fueron introducidos durante la tramitación parlamentaria y todavía pueden ser revertidos.

La diferencia no es menor. Mientras las reducciones iniciales del Ejecutivo responden a una política general de contención del gasto, las indicaciones que afectan específicamente a instituciones de memoria introducen una controversia adicional sobre el papel del Estado en la preservación de los testimonios, archivos y espacios relacionados con el terrorismo de Estado.

También quedó cuestionado el financiamiento de otras instituciones patrimoniales. La Comisión Mixta aprobó reducir a mil pesos la asignación del Consejo de Monumentos Nacionales, que originalmente alcanzaba los 10.972 millones de pesos, y rechazó el capítulo correspondiente a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural.

El INDH y los límites de la discusión presupuestaria

El Instituto Nacional de Derechos Humanos también quedó involucrado en la controversia. Su asignación, cercana a 16.972 millones de pesos, fue rechazada en la Comisión Mixta, aunque existe una discusión jurídica sobre las facultades del Congreso para reducir gastos establecidos por leyes permanentes.

La Dirección de Presupuestos ha sostenido que esos recursos cuentan con protección legal y que no pueden ser eliminados mediante la Ley de Presupuestos. Algunos parlamentarios cuestionan que esa protección alcance a la totalidad de la asignación.

Por lo tanto, el rechazo no significa que el INDH haya quedado sin financiamiento. La controversia deberá resolverse conforme a las normas constitucionales y presupuestarias aplicables.

El debate adquiere particular relevancia en momentos en que las políticas de derechos humanos y las instituciones encargadas de su protección se encuentran sometidas a un intenso escrutinio político.

A las reducciones de los sitios de memoria se suma otra cuestión: durante la discusión presupuestaria también fueron rechazadas disposiciones vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, tanto en el Servicio Médico Legal como en la Subsecretaría de Derechos Humanos. El alcance definitivo de estas decisiones dependerá de las próximas votaciones.

Empleo y capacitación: recortes en medio de un mercado laboral debilitado

La discusión también alcanzó a los programas de empleo y capacitación.

El proyecto original contemplaba una disminución considerable de los recursos destinados a subsidios laborales, que pasarían de aproximadamente 194 mil millones de pesos en 2026 a 89 mil millones en 2027.

Durante la tramitación fueron rechazadas asignaciones vinculadas al Subsidio al Empleo Joven, el Subsidio al Empleo de la Mujer y el Subsidio Unificado al Empleo. También se cuestionaron programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.

Algunos de estos rechazos fueron promovidos por parlamentarios del propio oficialismo, interesados en conseguir mayores recursos para capacitación y empleabilidad.

La controversia ocurre en un escenario de elevado desempleo, especialmente entre mujeres y jóvenes, y de dificultades persistentes para incorporar trabajadores a empleos formales.

La discusión presupuestaria revela así una tensión entre los objetivos declarados de reactivación económica y las restricciones financieras aplicadas a determinados instrumentos de apoyo al empleo.

Salud y otras áreas: acuerdos parciales

No todas las negociaciones terminaron en rechazos.

El Ejecutivo consiguió acuerdos para reforzar los recursos de los gobiernos regionales, la Contraloría, el Poder Judicial y el Servicio Electoral. También se aprobó una suplementación destinada a garantizar la continuidad de las prestaciones de la Ley Ricarte Soto, cuyo financiamiento había generado cuestionamientos.

En cambio, quedaron pendientes controversias sobre programas de transporte regional, energización rural, capacitación laboral, atención a adultos con discapacidad y financiamiento de instituciones patrimoniales.

Las diferencias muestran que la negociación presupuestaria no se desarrolla exclusivamente entre Gobierno y oposición. En distintos capítulos han surgido cuestionamientos de parlamentarios oficialistas, que exigen modificar asignaciones inicialmente respaldadas por Hacienda.

El ajuste fiscal y las prioridades del Estado

Al concluir el trabajo de la Comisión Mixta, Jorge Quiroz defendió el proyecto como un presupuesto de ajuste moderado, con prioridades en seguridad, niñez, reactivación económica, empleo y obras públicas.

El ministro destacó que prácticamente todas las partidas habían sido aprobadas y valoró los acuerdos alcanzados durante la negociación.

Sin embargo, el avance legislativo deja abiertas preguntas sobre la distribución del esfuerzo fiscal.

La negociación con los gobiernos regionales permitió recuperar una parte importante de los recursos inicialmente recortados. En Educación y Ciencia, los rechazos obligan a buscar nuevos acuerdos. En el caso de los sitios de memoria, las indicaciones parlamentarias introdujeron reducciones mucho más profundas que las contempladas originalmente por el Ejecutivo.

De hecho, el proyecto inicial ya había reducido en un 25,3% el Fondo Programa Sitios de Memoria, desde aproximadamente 915 millones de pesos en 2026 a 683 millones para 2027, según una investigación de CIPER. La posterior indicación parlamentaria llevó esa última asignación a solo mil pesos.

La secuencia permite distinguir dos decisiones: primero, el ajuste propuesto por Hacienda; después, la reducción prácticamente total introducida por parlamentarios republicanos. Esta última fue aprobada en comisión sin que el Ejecutivo presentara entonces una indicación para restituir los recursos.

El debate sobre el Presupuesto 2027 se transforma, de este modo, en algo más que una discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas. También obliga a establecer qué funciones del Estado tendrán prioridad y cuáles deberán operar con menores recursos.

La Cámara de Diputados comenzará a resolver estas diferencias durante la semana. Posteriormente, el proyecto deberá pasar por el Senado y, si persisten discrepancias, por una nueva comisión mixta.

Hasta entonces, los rechazos y reducciones aprobados no constituyen todavía decisiones definitivas.

Lo que sí ha quedado establecido es que el presupuesto enviado originalmente por Jorge Quiroz ya no es el mismo que salió de la Comisión Mixta. Las regiones consiguieron modificar una parte importante del ajuste, mientras que Educación, Ciencia, patrimonio y memoria histórica llegan a las siguientes votaciones con su financiamiento todavía en disputa.

La decisión sobre cuáles recursos serán restituidos permitirá conocer con mayor precisión las prioridades efectivas del Gobierno para 2027.

Redacción El Clarín

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