By Simon Del Valle  - El Clarin Chile  - 26 mayo, 2026  

El nuevo “error” descubierto por Hacienda revive una estrategia que ya se ha vuelto patrón: instalar la idea de un país quebrado para legitimar recortes sociales, rebajas tributarias a las grandes empresas y una transformación ideológica del Estado. Economistas y exautoridades desmienten las acusaciones y advierten sobre una operación política más que técnica.

El gobierno de José Antonio Kast volvió a activar este lunes uno de los ejes centrales de su narrativa política y económica: la idea de que recibió un país devastado, fiscalmente destruido y al borde del colapso. Esta vez, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró haber detectado un supuesto “error” en las proyecciones de deuda elaboradas por el gobierno anterior, equivalente a unos US$10.500 millones.

La acusación fue presentada junto al nuevo Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026. Según Quiroz, las proyecciones de deuda realizadas bajo la administración de Gabriel Boric no serían consistentes con los déficits estimados para el período 2026-2030. En términos simples, Hacienda sostiene que faltaría reflejar cerca de $9,5 billones en deuda futura.

Sin embargo, la respuesta del exministro Nicolás Grau fue inmediata y categórica. No habría error de cálculo alguno, sino diferencias en los supuestos macroeconómicos utilizados para proyectar la deuda futura. Grau explicó que la deuda pública no depende exclusivamente del déficit fiscal, sino también de variables como el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento del PIB nominal y otros movimientos financieros.

La polémica, por tanto, va mucho más allá de una discusión técnica. Lo que aparece detrás es una batalla política por el sentido de la crisis económica y por la legitimidad de las medidas que el gobierno intenta imponer.

Porque el discurso de la “caja vacía” no comenzó ahora. Desde el primer día de gobierno, el oficialismo de Kast instaló la tesis de que el país fue recibido “en quiebra”, una afirmación que economistas de distintos sectores consideraron irresponsable y alarmista.

Chile no está quebrado. Tiene problemas fiscales reales, crecimiento lento y restricciones presupuestarias, pero mantiene indicadores macroeconómicos muy lejos de un escenario de insolvencia estatal. El propio hecho de que el país siga accediendo a financiamiento internacional en condiciones relativamente estables contradice la narrativa catastrófica instalada desde La Moneda.

El problema es que esa narrativa cumple una función política precisa.

La lógica es conocida en experiencias neoliberales recientes, desde Argentina con Javier Milei hasta los gobiernos conservadores europeos tras la crisis financiera: primero se instala una sensación de emergencia extrema; luego se presentan recortes sociales, privatizaciones y rebajas tributarias como inevitables “medidas de salvación”.

En Chile, esa operación ya está en marcha.

En apenas poco más de dos meses de gobierno, Kast ha impulsado decretos de reducción del gasto social que afectan salud, educación y programas sociales, mientras simultáneamente promueve una megarreforma tributaria cuyo núcleo central es la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%, beneficiando principalmente a grandes empresas y altos patrimonios.

La contradicción política es evidente.

Durante la campaña presidencial, Kast prometió no tocar el gasto social. También aseguró que expulsaría a cientos de miles de migrantes irregulares, promesa que posteriormente relativizó calificándola como una “metáfora”. Ahora, con los primeros ajustes fiscales ya aplicados, el gobierno intenta justificar sus recortes bajo la idea de una supuesta herencia económica ruinosa.

La semana pasada, Hacienda incluso lanzó una campaña publicitaria en redes sociales defendiendo su megarreforma tributaria. El video comparaba la carga impositiva chilena con la de Estados Unidos y países OCDE, sugiriendo que Chile tendría impuestos excesivamente altos que ahuyentan la inversión. Economistas y especialistas cuestionaron rápidamente la comparación, acusando omisiones y uso sesgado de datos.

El episodio dejó una sensación incómoda: más que informar, el gobierno parecía construyendo propaganda económica.

Y esa es precisamente la crítica que comienza a emerger desde distintos sectores: que el oficialismo está usando las cifras fiscales no solo como instrumentos técnicos, sino como herramientas comunicacionales para sostener una agenda ideológica de largo plazo.

El nuevo informe sobre la deuda parece insertarse en esa misma lógica.

No es casualidad que Nicolás Grau haya respondido preguntando por qué el actual Informe de Finanzas Públicas evita abordar el impacto fiscal que tendría la propia megarreforma tributaria impulsada por Kast. La interrogante es relevante: si el gobierno está tan preocupado por la sostenibilidad de la deuda, ¿por qué insiste en reducir impuestos a las grandes empresas en medio de recortes hospitalarios y disminución del gasto público?

La respuesta parece más política que económica.

El proyecto del gobierno no apunta simplemente a “ordenar las cuentas”. Lo que aparece cada vez con mayor claridad es un intento de refundación neoliberal más profunda que incluso la administrada durante décadas por la exConcertación. A diferencia del modelo concertacionista —que combinó mercado con ciertos niveles de protección social— el programa de Kast parece inspirado en una lógica mucho más doctrinaria, cercana a las experiencias ultraliberales actuales.

No es casual que desde sectores empresariales y think tanks de derecha se insista en hablar de “shock”, “desregulación” y “libertad económica” como soluciones estructurales.

La paradoja es que el gobierno enfrenta simultáneamente un creciente desgaste político. En menos de 70 días ya sufrió cambios ministeriales, caídas en las encuestas y crecientes cuestionamientos a su manejo comunicacional. Sin embargo, mientras pierde apoyo ciudadano, avanza con relativa rapidez en el Congreso en materias económicas estratégicas.

Esa combinación —fragilidad política y radicalidad económica— comienza a configurar un escenario delicado.

Porque el verdadero debate ya no es solo si hubo o no un error contable en las proyecciones de deuda. El punto central es otro: si Chile está siendo conducido hacia una nueva fase de neoliberalismo extremo basada en una narrativa de crisis permanente.

Y en esa disputa, las cifras fiscales se están convirtiendo en armas políticas.

Simón del Valle

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, declaraciones de Nicolás Grau, antecedentes económicos públicos.

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