CONOCIMIENTO DE CAUSA: LAS 30 HORAS DEL ABOGADO ÁLVARO VARELA EN EL INFIERNO DE JOSÉ DOMINGO CAÑAS 1367

                   Lo que queda de la casa de detención y torturas José Domingo Cañas.

Por: Maxine Lowy. Periodista, editora y traductora, Journalist, editor, translator Santiago, Chile

El Clarín Chile. 21 noviembre, 2026

Hace 52 años, un joven defensor de los derechos humanos fue sumergido en el inframundo de un centro de detención y tortura, del que salió con conocimiento de causa y una experiencia empírica que nunca quiso tener acerca de la sistematicidad del terror de la dictadura.

En noviembre de 1974, hacía seis meses que Álvaro Varela, entonces de 23 años, se había incorporado al equipo jurídico del Comité por la Paz en Chile (COPACHI o Comité ProPaz).[1] Los golpistas civiles-militares llevaban 14 meses en el poder.

Álvaro Varela, entre sus tareas, coordinaba la presentación de recursos de amparo, realizaba los seguimientos y elaboraba los informes correspondientes. Estos recursos buscaban averiguar el paradero de personas detenidas, con la intención de protegerlas: cuando no se reconoce el lugar de detención ni siquiera el hecho de que una persona está secuestrada, esta queda expuesta a una mayor vulnerabilidad. Durante aquellos primeros meses como integrante del equipo jurídico, prácticamente todos los días había hasta 30 recursos de amparo en tabla en las siete salas de la Corte de Apelaciones. A lo largo de los 17 años de dictadura, se interpusieron a lo menos 7.000 recursos de amparo, de los cuales se estima que apenas diez fueron acogidos, en los que, a pesar de la sentencia, no se cumplió lo ordenado por tribunales.

Una tarde de principios de noviembre de 1974, Álvaro Varela se encontró con Cecilia Castro, una antigua compañera de la Facultad de Derecho. No se habían visto en mucho tiempo, pues ella y su marido Juan Carlos Rodríguez, dirigentes del MIR, habían pasado a la clandestinidad. Durante el breve encuentro en la calle, Álvaro le dio su número de teléfono del Comité ProPaz y le aconsejó que lo llevara siempre consigo para el caso que tuviere una situación de represión.

La noche del sábado 16 de noviembre de 1974 ocurrió lo que temían: Cecilia y su marido fueron secuestrados por la DINA.

A primera hora de la mañana del lunes 18 de noviembre, Álvaro presentó un recurso de amparo para exigir la protección de Cecilia y su marido. Luego, pidió al sacerdote Daniel Panchot del Comité ProPaz, que lo acompañara a caminar por Ñuñoa, hasta las inmediaciones de la calle José Domingo Cañas, donde se había observado un movimiento inusual de camionetas.  Detenidos liberados señalaban haber sentido que los vehículos que los llevaban al recinto andaban por una calle de adoquines. Se rumoreaba que una casa se había convertido en guarida de la DINA. Hasta el día de hoy, el sacerdote amigo le pregunta: “Pero, Álvaro, no sé a qué me llevaste allá”. Álvaro solo puede contestarle: “Era por si veía algo”. Eso ocurrió el lunes 18 de noviembre de 1974 en horas de la tarde.

Cerca de la medianoche de ese mismo día, Álvaro se despertó con gritos y fuertes golpes en la puerta. Su padre abrió y entró un grupo numeroso de hombres vestidos de civil que exigían llevarse a su hijo. Irrumpieron en el dormitorio apuntando con sus fusiles a Álvaro mientras estaba en la cama.

Anticipando que podría producirse la escena que ahora estaba viviendo, Álvaro tenía preparado un colgador con ropa cuyos bolsillos no contenían ningún papel incriminatorio: ni nombres, ni teléfonos, ni direcciones. Se levantó con calma y fue directamente a ponérsela. Como si fuera un escudo, “me daba confianza saber que no tenía nada adentro, nada de nada”, recuerda 52 años después.

Más rápido de lo que había imaginado posible, se encontró afuera, rodeado de 30 agentes y las conocidas camionetas Chevrolet. En medio de la conmoción, se encontró cara a cara con alguien a quien conocía bastante, aunque hasta entonces nunca había visto personalmente: Osvaldo Romo, objeto de innumerables trámites judiciales por parte del Comité ProPaz.

Unos cuatro meses antes, Álvaro Varela había presentado la primera querella criminal contra ese mismo agente de la DINA. Aún más insólito en aquella época de subordinación judicial a los gobernantes militares, el juez Tomás Dahm, entonces titular del 12º Juzgado del Crimen,  aceptó la denuncia y, en septiembre, acudió personalmente a confirmar el domicilio del acusado, que era muy conocido por tratarse de un dirigente poblacional que había tenido gran actividad pública.

Álvaro conocía el procedimiento que le esperaba: le vendarían los ojos, lo introducirían en la parte trasera cerrada de un vehículo con patente argentina falsificada que pudo ver antes que lo vendaran, escucharía cómo se abría un portón y luego lo someterían a un trato violento durante el interrogatorio. Como un oncólogo que contrae cáncer, estaba a punto de experimentar cómo la dimensión teórica se fundía con la vivencial.

Así constató la existencia del recinto secreto instalado en una casa de la calle José Domingo Cañas, conocida por sus operadores como Cuartel Ollagüe, en un tranquilo barrio de Ñuñoa. Era precisamente el lugar donde Álvaro y el sacerdote habían buscado pistas ese mismo día pocas horas antes.

En contraste con el centro clandestino Villa Grimaldi, que implicóó el diseño de una arquitectura especial del terror, la casa de calle José Domingo Cañas fue convertida en un centro de tortura con pocas modificaciones. Hasta en la despensa fueron confinados los prisioneros. El presupuesto estatal destinado al mantenimiento del lugar y al pago de los funcionarios públicos encargados de las tareas de vigilancia y tortura no contemplaba alimentar a las personas hacinadas allí. Muchos sobrevivientes recuerdan haber aprendido a masticar cáscaras de naranja para paliar el hambre.

Los represores habían encontrado el nombre de Álvaro y el número de teléfono de las oficinas del Comité ProPaz escrito en la libreta de Cecilia Castro, secuestrada horas antes y recluida en el mismo recinto, según le dijeron sus captores e interrogadores. Al abogado, le montarían la figura de que era el vínculo entre el Cardenal Raúl Silva Henríquez y el MIR. Era el pretexto que necesitaban para acusar al Cardenal de subversivo y al Comité ProPaz de ser un nido de extremistas.

Desde mediados de ese año, si no mucho antes, una serie de montajes fantasiosos buscaba desprestigiar al Cardenal y la labor de defensa de los perseguidos que realizaba COPACHI. A fines de agosto de 1974, por ejemplo, el diario La Patria, publicación de la dictadura, informó sobre un “Sensacional descubrimiento de un arsenal en una capilla”. Según la crónica, al levantar las tablas del piso del oratorio se había encontrado “una infinidad de túneles que guardaban una asombrosa cantidad de bombas molotov, tortas vietnamitas, bolsas y garrafas de fósforo blanco y una treintena de armas de repetición […], suficientes como para “volar a un tanque”. Sin presentar prueba alguna, la crónica concluía que la capilla era un lugar de reuniones del MIR.

La detención de Álvaro fue una acción de represalia contra la primera institución chilena que se había levantado para defender a los perseguidos, apoyar a sus familias y denunciar ante el mundo las políticas de terror de la dictadura. No solo intentaban proteger a las víctimas, sino que también documentaban las atrocidades en tiempo real, mientras se estaban cometiendo. Caso por caso, fueron construyendo un acervo de antecedentes que permitió comprender que se trataba de prácticas sistemáticas. Uno de aquellos casos resultó ser el de un integrante de su propio equipo. Álvaro Varela fue el primero —pero no sería el último— de los funcionarios del Comité ProPaz y de su sucesora, la Vicaría de la Solidaridad, en ser perseguido por quienes ellos mismos denunciaban.

Volvamos a la pesadilla que vivió Álvaro Varela.

Le exigían que firmara una declaración para incriminar al Cardenal, la que no podía leer porque estaba siempre con los ojos vendados. Se negó a hacerlo, lo que lo llevó a más torturas. “Me dieron, me dieron, me dieron. Si me iban a matar igual, ¿por qué firmar un papel para arruinarle la vida al Cardenal? […] ¿Cómo no firmé la declaración? No lo sé. Porque estando en la sala de tortura, uno firmaría cualquier cosa, pero no lo hice”, afirma.

Durante aquella larga noche fue imposible dormir. Al día siguiente lo llevaron nuevamente a la sala de tortura. Ante la negativa de Álvaro de firmar la declaración lo llevaron a otra sala donde le tomaron declaración y al término le dijeron que, debido a su negativa de firmar, sería ejecutado, pero que esperarían que anocheciera. Fue llevado a una sala donde permaneció horas sentado, siempre vendado, con un guardia manteniendo el cañón de su pistola apuntándole en la frente.

Pero en algún momento cambiaron los planes. “Abandonaron el proyecto de inculpar al Cardenal a través mío. A partir de ahí, si yo no les firmaba la declaración, se iban a encontrar con un problema para usarme. Desde el momento en que me sacaron de mi casa y me vi frente a Romo, yo tenía el sentimiento de que me iban a matar”, asegura Varela.

Durante las interminables horas en ese infierno, permaneció siempre con los ojos vendados. La primera noche lo arrojaron a una sala donde había mucha gente tendida en el suelo. Quien le hablaba a otro recibía un golpe de los guardias. “De repente se abría la puerta y tiraban a alguien —como si fuera un bulto— que venía de la sala de tortura. Lloraban, se quejaban. Era una escena dantesca”. En un momento se dio cuenta de que había una persona a su lado y que estaban solos

—¿Cómo te llamas?

—Me llamo Fulano. Estoy muy preocupado por mi mujer y mi hijo. No saben lo que me pasó.

Álvaro reconoció su nombre. El día anterior había atendido a su esposa y presentado un recurso de amparo en su favor. Con toda honestidad, respondió:

—No te preocupes. Ella ya tiene asistencia.

Durante la madrugada del miércoles 20 de noviembre, lo devolvieron a su casa, escoltado nuevamente por Osvaldo Romo. Solo habían transcurrido treinta horas, durante las cuales, según sus propias palabras, “yo me sentí muerto”.

El episodio fue excepcional también desde otra perspectiva. Lo más habitual era que quien salía de un centro de tortura no recuperara su libertad ni saliera directamente a la calle. Lo enviaban a un campo de concentración con libre plática, “principalmente para que sanaran las heridas que te habían hecho antes de salir a la calle”.

Lo llevaron de regreso a su casa en la misma camioneta que lo habían secuestrado y reconoció las mismas voces de los que ahí viajaban; en algún momento la camioneta se detuvo y le sacaron la venda. Le dijo Romo que lo llevarían a su casa pero que no recordaban el camino, por lo que le indicaron que se sentara en la cabina de adelante donde iba Romo, el chofer y otro agente de la DINA. En el camino Álvaro le dijo a Romo que con esto le habían arruinado lo que hacía dado que si seguía a la próxima lo mataban, y respondiendo la pregunta de Romo a qué se refería, le indicó que a defender a las víctimas de ellos. Siempre impredecible y cínico, Romo le contestó que no podía abandonar lo que hacía “porque es muy importante”.

Una vez que llegaron a la casa y llamaron para que les abrieran, nadie bajó; probablemente sus padres estaban cansados luego de un día de ajetreos en su búsqueda. Álvaro expresó su preocupación de quedarse en la calle, en toque de queda con vigilancia militar en la noche, y expuesto a ser detenido otra vez. Romo juntó sus manos para que Álvaro las usara de escalerilla para saltar la alta reja de la casa. Con eso, los agentes de la DINA se retiraron.

La experiencia personal que Álvaro no hubiese querido tener fue fundamental para conocer a fondo y directamente los mecanismos represivos.

Descansó el miércoles y al día siguiente regresó a la oficina del Comité ProPaz, en calle Santa Mónica 2338, en el centro de Santiago. Estuvo presente en la Corte de Apelaciones cuando el tribunal examinó el recurso de amparo de Fulano, en cuya tramitación la dictadura había negado el arresto. El abogado que llevaba el caso presentó la declaración de Álvaro como testigo de su paso por las catacumbas de José Domingo Cañas, lo que significaba que efectivamente la dictadura lo había apresado. En vez de rechazar el recurso, como era habitual, el tribunal insistió en pedir información a la luz del testimonio de Álvaro, lo que significó que finalmente se reconociese su arresto y fuese trasladado a un campo de concentración con libre plática. El hombre recuperó su libertad al año siguiente. “Hice el servicio completo”, comenta entre risas.

Cuando Álvaro fue llevado allí, el recinto de José Domingo Cañas llevaba tres meses funcionando como centro clandestino de detención y se encontraba en pleno apogeo, bajo el mando del mayor del Ejército Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff. Era la base de los grupos operativos Halcón. Se estima que unas 250 personas fueron llevadas a ese lugar, de las cuales aproximadamente 68 fueron víctimas de desaparición forzada.

En 2002, la Casa de Memoria José Domingo Cañas fue declarada Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. En 2026 ha sido uno de varios espacios de memoria del territorio chileno privados de financiamiento por el gobierno actual. El 19 de noviembre el Senado votó a restaurar parcialmente el presupuesto a los sitios de memoria, entre ellos la Casa de Memoria Jose Domingo Cañas.

[1] Conversacion con Alvaro Varela, 19 de febero de 2026.

Maxine Lowy

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