By Simon Del Valle  - El Clarin Chile - 15 julio, 2026  

La imagen de este miércoles podría resumirse como una larga sesión legislativa. Intervenciones de diez minutos por senador, una discusión que se extenderá durante gran parte del día y una votación cuyo resultado parece estar prácticamente definido. Sin embargo, reducir la jornada a un trámite parlamentario sería ignorar la dimensión  política del momento.

Lo que el Senado resolverá no es únicamente el destino de la denominada megarreforma del gobierno de José Antonio Kast. Lo que está en juego es una pregunta de mayor alcance: ¿hasta dónde puede llegar una mayoría parlamentaria circunstancial para fijar reglas destinadas a ordenar la  economía chilena durante las próximas décadas?

La discusión ya dejó de ser exclusivamente tributaria. También dejó de ser una disputa entre oficialismo y oposición. Comienza a convertirse en un debate sobre la naturaleza misma de la democracia representativa y sobre los límites que deberían existir cuando un gobierno busca proyectar su programa más allá de su propio mandato.

Una reforma que busca permanecer

Desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de «Reconstrucción Nacional,» el debate público se ha concentrado en la rebaja del impuesto de primera categoría para las empresas. Sin embargo, esa es apenas una parte de una arquitectura mucho más amplia.

La iniciativa incorpora modificaciones en materias tributarias, ambientales, laborales y de inversión que buscan redefinir el marco de funcionamiento de la economía chilena. Pero el aspecto que ha concentrado las mayores críticas no es sólo la reducción de impuestos, sino la intención de otorgar estabilidad de largo plazo a ese nuevo esquema mediante mecanismos como la invariabilidad tributaria.

En otras palabras, la discusión ya no gira únicamente en torno al porcentaje que pagarán las empresas.

La pregunta es otra: ¿quién podrá modificar esas reglas en el futuro?

Es precisamente allí donde la discusión  económica adquiere una dimensión constitucional.

La mayoría y el tiempo

Toda democracia representativa se funda en el principio de que las mayorías gobiernan.

Pero también descansa sobre otro principio menos evidente: las futuras mayorías deben conservar la posibilidad de revisar las decisiones adoptadas por quienes las precedieron.

La tensión aparece cuando una mayoría parlamentaria intenta establecer normas concebidas para proyectarse mucho más allá del período presidencial que las impulsa.

Ese parece ser el verdadero conflicto que rodea la megarreforma.

La oposición no sólo cuestiona el contenido de la iniciativa. Sostiene que determinadas disposiciones buscan reducir el margen de acción de los futuros gobiernos para redefinir la política tributaria y regulatoria del país.

Por eso el debate comienza a desplazarse desde el Congreso hacia el Tribunal Constitucional.

Del Senado al Tribunal Constitucional

Durante semanas, las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda escucharon a organizaciones sociales, académicos, gremios empresariales y especialistas.

Sin embargo, parlamentarios de oposición han acusado reiteradamente que las observaciones incorporadas durante ese proceso no modificaron el núcleo de la propuesta.

La crítica apunta directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien atribuyen una estrategia centrada en asegurar los votos necesarios antes que construir acuerdos políticos.

En ese escenario, diversos partidos opositores ya han anunciado que evalúan recurrir al Tribunal Constitucional una vez concluida la tramitación legislativa, especialmente respecto de las normas tributarias de largo alcance.

La discusión, por tanto, no terminará cuando el presidente del Senado cierre la votación.

Probablemente recién comenzará.

Una paradoja para el Gobierno

El Ejecutivo sostiene que la reforma busca entregar estabilidad, incentivar la inversión y ofrecer certezas jurídicas al sector privado.

• Pero existe una paradoja difícil de ignorar.
• La estabilidad económica no depende únicamente de la existencia de una ley.
• También depende de su legitimidad política.
• Las grandes reformas que logran perdurar suelen nacer de acuerdos amplios. En cambio, aquellas aprobadas por márgenes estrechos y sin consenso suficiente tienden a convertirse en el primer objetivo de los gobiernos que las suceden.
• La búsqueda de certidumbre para los inversionistas podría terminar generando un efecto distinto: mantener abierta una disputa permanente sobre la continuidad de la propia reforma.

Un cambio en la forma de transformar el Estado

La discusión abre además una perspectiva histórica poco explorada.

Desde el retorno a la democracia, Chile no había enfrentado un proyecto que pretendiera reorganizar de manera tan amplia aspectos centrales del modelo  económico mediante una sola iniciativa legal.

Durante los gobiernos de la transición, las transformaciones económicas más relevantes fueron el resultado de acuerdos entre oficialismo y oposición, muchas veces condicionados por los llamados enclaves institucionales heredados de la Constitución de 1980.

• La estrategia actual parece distinta.
• No se busca modificar la Constitución para consolidar un determinado modelo económico.
• Se intenta hacerlo mediante una ley de gran alcance que, aprovechando una mayoría parlamentaria, proyecte determinadas reglas hacia el largo plazo.
• Es un mecanismo diferente.
• Pero plantea una interrogante semejante: ¿hasta qué punto una mayoría circunstancial puede definir el marco económico dentro del cual deberán gobernar las mayorías futuras?

El desafío de la oposición

La aprobación de la megarreforma también deja al descubierto las debilidades de la oposición.

Durante toda la tramitación legislativa logró articular una crítica técnica y constitucional a varios aspectos del proyecto. Sin embargo, no consiguió construir un relato  político capaz de disputar la legitimidad de la iniciativa en el debate público.

El eventual recurso al Tribunal Constitucional puede convertirse en un instrumento jurídico relevante.

Pero difícilmente reemplazará la ausencia de una propuesta alternativa sobre el desarrollo económico del país.

La discusión que se abre tras esta votación no será únicamente sobre la constitucionalidad de la reforma.

También será sobre la capacidad de la izquierda para ofrecer un proyecto político que dialogue con una sociedad que observa cómo el mapa económico del país vuelve a modificarse.

Más allá de la votación

Cuando termine la extensa sesión del Senado, el Gobierno probablemente celebrará haber cumplido uno de los compromisos centrales de su programa.

Pero el verdadero juicio sobre la megarreforma apenas comenzará.

No se librará sólo en el Tribunal Constitucional ni en los mercados.

Se desarrollará también en la  política y en la sociedad, allí donde se pondrá a prueba si una reforma concebida para proyectarse durante décadas puede sostenerse únicamente sobre una mayoría parlamentaria obtenida en un momento determinado.

Porque las leyes pueden aprobarse en una jornada.

La legitimidad histórica de esas leyes, en cambio, suele construirse —o erosionarse— con el paso de los años.

Simón del Valle

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